Brasil, ¿política o justicia?

Estimados lectores y amigos, seguimos solidarios con la tragedia que la naturaleza suscitó en nuestro país, pero cabe la reflexión de uno de los temas más sensibles de la actividad pública internacional, en este caso, la procedencia o no de la acción denominada ‘Impeachment’ liderada por grupos de oposición en la República Federativa de Brasil, con que se busca la destitución de su presidenta Dilma Rousseff.

El término anglosajón ‘Impeachment’ significa “acusación” por su traducción al español, acción que se presenta como mecanismo determinado en la Carta Magna de Brasil, que persigue en este caso el enjuiciamiento político a la presidenta Rousseff por parte del Senado de su país, previa aprobación de enjuiciamiento por parte del Congreso, liderado por su opositor Eduardo Cunha, quien habría aceptado el inicio de esta acción contra la mandataria, posteriormente a la votación favorable de los diputados del “Partido de los Trabajadores”, que habría aprobado investigarlo en una Comisión de Ética por presuntos actos de corrupción en el caso “Petrobras”.

Hace 24 años fue la última vez que este mecanismo de acusación y posterior destitución en la República Federativa de Brasil, dio paso, en acciones similares del Congreso con un masivo respaldo de la población. En dicha ocasión resolvió el inicio del juicio político y su posterior destitución en manos del Senado del entonces presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello.

Hoy el escenario es distinto, se presenta el ‘Impeachment’ en medio de una República dividida entre simpatizantes y opositores de la mandataria, encontrándose paradójicamente que, previo al inicio de este enjuiciamiento no consta implicación en contra de Rousseff en ningún caso de corrupción, situación que confunde a la ciudadanía del mundo sobre las motivaciones del enjuiciamiento que se formula.

La acción del ‘Impeachment’ se presenta en la Constitución brasileña como una herramienta jurídica constitucional que permite, en resumidas cuentas separar de la administración pública a quien de forma errada ha ostentado y ejercido el poder en determinada circunscripción, siendo por lo general el resultado del abuso, la incursión en actos de corrupción que empañan el buen nombre de nuestros pueblos.

Desde mi punto de vista ante la ausencia de señalamientos de corrupción en contra de la mandataria brasileña, el citado procedimiento estaría viciado de argumentaciones válidas y solo soportado por antipatías políticas, desdibujándose el espíritu y esencia de esta radical herramienta cuyo propósito es salvaguardar los intereses comunes y no la desestabilización de determinada administración.

Esperamos que las decisiones adoptadas por el Congreso y Senado de Brasil, consten fortalecidas en el derecho y en la equidad, resolviéndose proteger a la ciudadanía brasileña, ya sea sancionando al responsable de acciones ilegítimas o archivando lo que para muchos se presenta como un poco sustentado juicio político. ¡Juntos somos invencibles! (O)