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Alexis Mera tiene tres indagaciones fiscales abiertas

Tras terminar sus funciones públicas, Alexis Mera está dedicado a su actividad particular de abogado.
Tras terminar sus funciones públicas, Alexis Mera está dedicado a su actividad particular de abogado.
Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO
18 de marzo de 2019 - 00:00 - Redacción Justicia

A un año diez meses de haber culminado funciones, el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, se encuentra en la mira de la Fiscalía.

Esto a causa de las declaraciones del exvicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, Luis Mameri, quien a mediados de enero reveló ante los tribunales brasileños, que Mera fue parte de los sobornos. 

El ex alto funcionario del gobierno de Rafael Correa habría recibido $ 4,8 millones de las coimas de la constructora y el intermediario sería Carlos Pareja Cordero.

Según Mameri, entregó dos pagos a Mera, uno por $ 1,3 millones por el proyecto San Francisco y otro de $ 3,5 millones, a cambio de que ayude a Odebrecht en problemas legales en Ecuador.

Precisó que los pagos que realizaron a la empresa china Glory International eran sobornos para el exvicepresidente Jorge Glas.

La Fiscalía aclaró que no liberará a Alexis Mera de las investigaciones por este caso, por ello recopila la información y espera fecha para receptar los testimonios de Mameri y del representante de Odebrecht en Ecuador, José  Conceição Santos.

 “Lo que ha hecho la empresa brasileña, de ser ciertas las afirmaciones de Mameri y (José Conceição) Santos, es permitir que se robe a mi nombre, sin ninguna verificación”, dijo Mera a través de un comunicado.

No descartó iniciar acciones judiciales en contra de la compañía brasileña por “tremenda insinuación”.

Pero la situación se complica para Mera, porque, el contrato que habría suscrito en Brasil en 2017 con el bufete brasileño Tozzini Freire Abogados para conocer información sobre el caso Odebrecht, no existe en Ecuador.

Según el secretario Anticorrupción del Gobierno, Iván Granda,  este documento no se encuentra ni en la Presidencia de la República ni en la Procuraduría del Estado.

“Alexis Mera deberá responder a la Justicia”, sostuvo, a señalar que lo que quieren saber es “para qué sirvió (el contrato) y cómo se pagó”.

Granda confía que a través de la asistencia penal internacional, se pueda conseguir esta información, luego de las gestiones que realizó él y la fiscal general Ruth Palacios a fines de febrero, en Brasil.

Por estas dos causas, Fiscalía le podría abrir una o dos investigaciones nuevas.

Se sumarían a las tres que al momento están abiertas en  contra del exsecretario y que las anunció la coordinadora misional de la Fiscalía General, Pavlova Astaiza.

El 16 de noviembre de 2017, el capitán Edwin Ortega demandó por delito de odio al expresidente Rafael Correa y otros siete exfuncionarios y miembros de la Armada del Ecuador.

Entre ellos se encuentra Mera, por haber sido parte  de la persecución disciplinaria y política que denunció el oficial en 2016 y que ocasionó el fin de su carrera militar y su proyecto de vida.

La segunda indagación abierta en la Fiscalía, es a causa de la denuncia presentada por el activista político Fernando Villavicencio el 22 de noviembre del año pasado.

Acusa a 46 funcionarios del Gobierno anterior, entre ellos Mera, por el presunto cometimiento del delito de robo calificado.

Según Villavicencio, en el allanamiento que se realizó a su domicilio el 26 de diciembre de 2013, el cual habría sido ordenado directamente por el exmandatario Correa, se dio un robo de información de sus computadoras.

La tercera indagación es a consecuencia de la denuncia presentada por el político César Montúfar el 5 de marzo de 2018.

Acusa del presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada a Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, José Serrano, Diego García, Carlos Pólit, Carlos Baca, Galo Chiriboga y Sandinoel Freitas.

Este es el caso más avanzado. La indagación empezó el pasado 6 de septiembre. (I)   

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Granda señala que la Fiscalía no tiene evidencias de que él haya cometido de ningún delito. Que en el marco de sus responsabilidades estaban exclusivamente las de legislar y fiscalizar, ningún aspecto de la gestión ni contratación en el IESS.

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