Una madre fue extorsionada durante 6 meses para que su hijo Víctor no corriera peligro dentro del Centro de Adolescentes Infractores (CAI) masculino de Guayaquil, donde permanece asilado.

Los pagos variaban entre 30 y $50 semanales y eran exigidos vía telefónica aparentemente por otro de los internos. Las últimas amenazas fueron recibidas desde 2 números celulares el pasado 20 de febrero. Ese día el extorsionador elevó la cifra a $ 70 y la víctima denunció el hecho.

Agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía organizaron un operativo y observaron cuando la progenitora entregaba el dinero a una mujer que la esperaba afuera, en una esquina.

La persona que recibió el efectivo fue aprehendida y reveló que su nieto, quien cumple internamiento institucional en el mismo CAI, le dijo que le entregarían un dinero.

Esta es una de las anomalías que se pretende erradicar de los 11 Centros de Adolescentes Infractores del país, donde están internados 644 jóvenes.

Para lograrlo se aplicará el nuevo modelo de gestión de Atención Socio-psico-pedagógica, que comprende 3 pilares fundamentales: la infraestructura, talento humano y los talleres educativos, prácticos, laborales y el fortalecimiento del vínculo familiar.

Mireya Cárdenas, viceministra de Atención a Personas Privadas de Libertad, mencionó que se han mantenido reuniones para definir los proyectos de construcción y remodelación de los centros. Por ejemplo, se prevé edificar nuevos CAI para varones en Esmeraldas, Portoviejo y Guayaquil, ya que en esta última ciudad hay hacinamiento. Su capacidad es de 137 menores, pero están asilados 252 adolescentes en conflicto con la ley.

La sobrepoblación también se presenta en el CAI de Esmeraldas, que fue construido para albergar a 30 chicos, pero hay 70. De igual manera los centros masculino y femenino de Quito rebasan la capacidad.

Reportes de fuga
Otro punto importante que se intenta detener en los CAI, son las evasiones. Según cifras del Ministerio de Justicia, en el 2013 se registraron 56 fugas e intentos de fuga. La mayor cantidad se presentó en los meses de junio y julio, 14 y 13 casos, respectivamente.

Este año se reportó un caso en el Centro de Imbabura. Dos guardias fueron heridos en un intento de evasión.

Ketty Erazo, subsecretaria de Desarrollo Integral de Adolescentes en conflicto con la ley, indicó que las medidas de seguridad en los centros han sido fortalecidas.

Por ejemplo, por ese último hecho se incrementó el número de agentes del Grupo Especial Alfa (GEA), quienes se sumaron al trabajo que realizan integrantes del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria; 6 policías fueron dispuestos para la seguridad perimetral.

Además de esta medida, se contratará a 121 funcionarios entre: inspectores-educadores (encargados de la seguridad interna), psicólogos, trabajadores sociales, médicos, abogados, entre otros.

“Lo ideal sería que tengamos un equipo multidisciplinario por cada 30 adolescentes. En el caso de los inspectores-educadores sería uno por cada 20 menores”, explicó.

Erazo destacó que con los recursos completos se garantizará el desarrollo integral de los adolescentes, lo que evitaría fugas, pues tendrán educación, formación laboral y fortalecerán los vínculos familiares.

También se trabaja con el Ministerio de Salud Pública, pues un porcentaje de los menores infractores consume drogas, para que atiendan la adicción y rehabiliten a los adolescentes.