La madrugada del 24 de octubre de 2013, la captura del capitán de Policía Jaime V. ratificó las sospechas de que era uno de los principales líderes y conexión entre bandas que operaban en Manabí, Guayas yLos Ríos, que se dedicaban a la trata de mujeres, microtráfico, incluso sicariato.

El operativo ‘Halcón’ fue uno de los más grandes efectuados en los últimos 20 años, en el que se logró detener a 13 supuestos sospechosos que, declaró el ministro del Interior, José Serrano, “formaban la organización delictiva que controlaba el microtráfico del norte de Guayaquil y el 90% de los actos ilícitos producidos en Manabí”.

Las acciones de policías que se alejan de su misión alentó a continuar el segundo proceso de depuración policial, que esta vez estima sacar de la institución a 206 uniformados que cometieron diversos actos delictivos y faltas disciplinarias graves.

Al respecto el general Fabián Solano De La Sala Brown, inspector de la Policía, indicó que “la institución está empeñada en convertirse en el órgano con más credibilidad del país, para lo cual ha diseñado un plan anticorrupción que contempla la separación de los elementos que se alejan de su misión de velar por la seguridad de la ciudadanía”.

En la primera fase efectuada en junio del año pasado fueron separados 208 uniformados, mediante decreto ministerial, en esa ocasión la medida afectó a policías que ya habían sido dados de baja, pero que por trámites jurídicos obtuvieron amparos judiciales que utilizaron para reingresar.

Esta vez los parámetros incluyeron 3 tipos de conductas que fueron observadas por la Inspectoría de Policía para integrar el nuevo grupo que está a consideración del Ministerio del Interior para el despido.

El coronel Pablo Cerda, del Departamento de Planificación de la Inspectoría, explicó que se incorporó al listado a los policías que acumularon más de 3.000 horas de arresto en su trayectoria profesional, “considerando que la jornada de trabajo es de 8 horas, esto significa que han permanecido 370 días laborales presos sin contribuir a la seguridad ciudadana, además de que el Estado ecuatoriano canceló sus haberes sin que hayan laborado”, en este caso están 54 uniformados.

En otro grupo están policías involucrados en presuntos delitos, como el caso del capitán Jaime V., quien fue sorprendido en delito flagrante, por lo que tiene una causa penal en proceso y una orden de prisión preventiva. En este apartado se encuentran 61 gendarmes.

También, incluyeron a 91 policías sancionados por tribunales de disciplina, que juzgan faltas graves de tercera clase relacionadas con mala imagen, conducta profesional o cometimiento de actos delictivos en horas de servicio.

De acuerdo a la Ley de Personal, ya no pueden ascender al inmediato grado superior y van a la cuota de eliminación anual, “los servidores policiales ya saben que su permanencia está prácticamente finiquitada y por lo general se alejan de su misión de servir y proteger”, advirtió el coronel Cerda.

Inicialmente, cerca de 1.000 policías fueron analizados bajo estos parámetros, al final se elaboró un informe recomendando que se estudiara la situación de 273 que pasaron al Ministerio del Interior, donde el Departamento Jurídico determinó que 206 tendrían que salir.

El general Solano De La Sala reiteró que no se debe mal interpretar estas acciones de depuración, “no hay persecución, buscamos garantizar buenos uniformados a la comunidad para que se sienta orgullosa de contar con una policía idónea”.