Las tácticas de tortura o ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en prácticas comunes en Ecuador en los años 80 e involucraban a policías de élite   entrenados para detener y encerrar a personas muchas veces inocentes.

Ese “método” era utilizado para forzar la declaración de crímenes que no cometieron, reveló el informe de la Comisión de la Verdad, creada por el actual Gobierno en 2007 para  investigar las múltiples denuncias de violación a los derechos humanos cometidas en el país entre 1984 y 2008. El resultado de esa indagación detectó 136 casos que la Fiscalía investiga desde 2011.

Hasta el momento el  Ministerio Público  ha puesto  a consideración de los jueces 8 causas: 6 por violación a los derechos humanos y 2 por delitos de lesa humanidad; de las cuales 3 ya tienen sentencia.

Los 2 primeros casos se tramitan como uno solo, por delitos de lesa humanidad y a la fecha se espera el inicio de la etapa de juzgamiento. Están implicados 9 altos exgenerales del Ejército y el ex comandante de Policía, Édgar Vaca, actualmente prófugo en Estados Unidos.

Los sindicados están acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada y violencia sexual en contra de Susana Cajas, Luis Vaca yJavier Jarrín, exmiembros del grupo AVCen 1984 durante el Gobierno de LeónFebres- Cordero. Otra de las causas llevadas a tribunales fue por la detención arbitraria y violencia física en contra de José Luis Lema Pérez, Edwin Xavier Punguil Ramírez, Washington Dávila Bolaños, Evelyn De los Ángeles Suntaxi y Luis Armando Pusda, acusados en 1998 falsamente de robo y asesinato.

Los exagentes Bolívar G. e Iván P.  fueron sobreseídos en la primera instancia, pero finalmente los declararon culpables por su participación en el delito de tortura, como grave violación a los derechos humanos junto al policía Pedro Segundo U. A.

Los acusados recibieron una pena de 4 años de cárcel.

En el caso Las Dolores, ahora conocido como González y otros, eltribunal penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 5 policías  a 16 años de prisión por cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de 8 personas, durante un operativo policial organizado en noviembre de 2003 para repeler un supuesto asalto a una farmacia en el norte de Guayaquil.

El excoronel Eduardo G., quien dirigió el operativo, está prófugo en Estados Unidos. El primer caso judicializado por la Comisión de la Verdad de la Fiscalía  por violación a los derechos humanos fue el de Damián Peña, un estudiante cuencano que falleció por un disparo en la cabeza el 11 de enero de 2002, durante una protesta estudiantil, en el sector de la Universidad de Cuenca.

Por esta causa fue procesado el oficial de Policía Pablo I. A., acusado de homicidio preterintencional, pero fue sobreseído por el juez. La Fiscalía apeló la resolución y actualmente el caso está en etapa de casación.

Otro de los casos que llevó a juicio la Comisión de la Verdad de la Fiscalía en 2013 fue el de Michael Arce, un joven afroecuatoriano que  habría sido maltratado por su color de piel en la Escuela Militar Eloy Alfaro.

El proceso se instauró como delito de odio, pues el joven denunció que le obligaban a sumergirse en la piscina de agua fría durante la madrugada, lo tenían bajo el sol durante horas, le hacían comer apartado de los demás y lo obligaban a pelear, en solo 30 segundos, contra 5 personas a la vez. Según consta en su denuncia, le decían explícitamente: “un negro nunca nos va a dar órdenes a nosotros”. La Fiscalía sindicó al teniente del Ejército, Fernando E., que en 2001 era  instructor del aspirante, pero fue sobreseído y el fallo en apelación. “Los delitos de lesa humanidad se refieren al ataque de manera sistemática o generalizada en contra de la población civil por parte del Estado, previo a la estructuración de un aparataje planificado para la represión”, explicó el director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, Fidel Jaramillo. La ONU hizo una distinción con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos  que se cometen sin la intervención del Estado como es la tortura, violencia sexual o ejecución extrajudicial. “Por  ejemplo, el caso Lema, en el que se investigó la captura de 5 personas por agentes de la Policía Judicial, quienes los torturaron para que se declarasen culpables de un asesinato que no cometieron, se circunscribe en violaciones a derechos humanos”, explicó Jaramillo.

El funcionario mencionó que lo más importante de este proceso es luchar en contra de la impunidad: “Los procesos son complicados y largos, por eso tenemos  5 equipos de fiscales (con secretario y asistente) que trabajan en los 136 casos que recibimos; de estos se han procesado 8, pero  estudiamos la posibilidad de hacer mega-audiencias para avanzar más rápido”.