Martes, 03 Octubre 2017 00:00 Justicia

Asistencia penal de brasil dio más información sobre la red de corrupción de la constructora

Odebrecht asegura que sobornó a Jorge G. desde su retorno al país

La semana pasada, mediante videoconferencia en la Corte Nacional de Justicia, exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Santos, rindió su testimonio anticipado.
La semana pasada, mediante videoconferencia en la Corte Nacional de Justicia, exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Santos, rindió su testimonio anticipado. Foto: Marco Salgado / EL TELÉGRAFO

El reporte de Estados Unidos habla del código ‘Tío’ en el pago de la coima en Manduriacu. La Fiscalía alista nuevos procesos contra los sospechosos.

Unidad de Investigación

El 9 de julio del 2010, Jorge G. anunciaba a la prensa el retorno de la constructora  Odebrecht al país. El entonces Ministro de Sectores Estratégicos y hoy Vicepresidente decía: “Vuelve, y si es que vuelve, (…) vuelve a reparar la central, a responder por la central”. Dos años antes, la poderosa empresa brasileña fue expulsada de Ecuador por las fallas en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco.

El segundo mandatario fue protagonista de la salida y del regreso de Odebrecht, pero según la constructora le pagó un soborno para confirmar su retorno.

El 29 de septiembre pasado, la justicia brasileña envió a la Fiscalía General del Estado información de la supuesta coima. En esa ayuda internacional se informan las operaciones ilegales que implantó Odebrecht en Ecuador y que fueran confesadas por su exdirector en el país, José Conceição Santos.

Aseveró que pagó $ 2’000.000 al entonces Ministro de Sectores Estratégicos para tener vía libre de regreso al país. Además, sostuvo que entregó al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, más de $ 4’000.000 por el mismo motivo. Este presunto pago se hizo a través del abogado Carlos Pareja Cordero, investigado por la red de corrupción de Petroecuador, prófugo de la justicia, uno de los abogados más fuertes de Odebrecht.

Jorge G. y Mera rechazan esa versión. El primero sostuvo que es una vendetta de la constructora brasileña porque el Gobierno frenó el pago de más de $ 80’000.000 y recalcó que no ha recibido coima de la compañía brasileña ni de ninguna  otra mientras fue ministro y ahora que es Vicepresidente. Por su parte, Mera anunció que no descarta medidas legales contra la constructora.

Luego de su retorno Odebrecht se convirtió nuevamente en contratista del Estado y según la delación que entregó la justicia brasileña lo hizo con ventaja y con sobornos a funcionarios del Estado.

Presuntamente Odebrecht entregó a Ricardo R., tío del Vicepresidente, $ 16’000.000 como comisiones para los contratos de la central hidroeléctrica Manduriacu; del poliducto Pascuales-Cuenca; del trasvase Daule-Vinces; del mejoramiento de los terrenos de la Refinería del Pacífico y por el Acueducto La Esperanza.

La asistencia penal de la justicia brasileña menciona cada uno de los proyectos donde la constructora tuvo ventaja para adjudicarse las obras, al sobornar a funcionarios públicos y cubrir sus espaldas, presuntamente, con pagos al excontralor Carlos Pólit para evitar las auditorías de las obras y del manejo de dinero del Estado. Así intentó cerrar un círculo de impunidad en sus sobornos.

El código ‘Tío’

Estados Unidos también dio su aporte a la investigación de la Fiscalía General del Estado. El 15 de septiembre pasado, el Departamento de Justicia del país norteamericano remitió un CD con la información del sistema Drousys, donde se evidencian las transferencias, pagos y códigos que hiciera Odebrecht para beneficiarse de obras en Ecuador. Además, del historial de la empresa Glory International Company, de Florida, donde supuestamente se hicieron pagos a Ricardo R.

En este informe se encontró el código ‘Tío’, detalle de un soborno de $ 150.000, hecho para ganar el contrato de la hidroeléctrica Manduriacu. Este código, de acuerdo con el fiscal general del Estado, Carlos Baca, tendría relación con el Vicepresidente y por eso ayer solicitó a la Corte Nacional de Justicia que ordene su arresto y la congelación de todas sus cuentas bancarias.  

Esta acción de la Fiscalía fue criticada por Eduardo Franco, abogado del Segundo Mandatario, quien dijo que no se menciona a su cliente.
En la ayuda internacional de

EE.UU. se identifican 2 pagos de $ 150.000 cada uno para la central Manduriacu.

Las transferencias fueron efectuadas desde la offshore Klienfeld el 14 y 15 de julio de 2014. Esta última es una empresa de papel usada por Odebrecht para esconder su red de coimas en América Latina.

En el sistema Drousys además se detallaron las transferencias para la adjudicación del trasvase Daule-Vinces. Se detectaron seis transferencias de las empresas Klienfeld y Selectur. La totalidad de esos envíos sobrepasa los $ 1,7 millones.

El mismo sistema se usó para hacerse del contrato para la preparación de los terrenos donde iba a funcionar la refinería del Pacífico, en Manta. En este caso se encontraron seis transferencias por más de $ 2,5 millones.

La empresa offshore Klienfeld también fue la vía para entregar las presuntas coimas para el poliducto Pascuales-Cuenca. Aquí se descubrieron cinco transferencias por  $ 1,5 millones.

En la ruta de los pagos aparece la Inmobiliaria Cosani, que según la Fiscalía tendría relación con el excontralor Carlos Pólit. Estos se cumplieron en abril de 2014 y alcanzaron los $ 500.000. Cosani está domiciliada en Panamá y, supuestamente, fue intermediaria para que el excontralor recibiera el soborno. Según Odebrecht,  ellos pagaron más de $ 10’000.000.

Con en estos datos, la Fiscalía abrió una indagación por cohecho contra Jorge G. (I)

120 días de instrucción fiscal

El pasado domingo 1 de octubre se cerró la instrucción fiscal en el proceso por supuesta asociación ilícita que se sigue contra el vicepresidente Jorge G. y 17 personas más.

La instrucción fiscal duró 120 días, tiempo máximo que permite el Código Orgánico Integral Penal para que se cumpla con esta fase del proceso. Ahora la Fiscalía deberá formalizar los cargos o absoluciones.

La investigación la inició Diana Salazar, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía. Luego pasó a manos del fiscal general, Carlos Baca, quien delegó la indagación a Wilson Toainga.

La Corte Nacional de Justicia deberá fijar la fecha para la audiencia de formulación de cargos. En esta diligencia se dará inició al juzgamiento previo a una sentencia. El Código Integral Penal establece una pena máxima de 5 años de prisión para ese delito.

La Fiscalía abrió una investigación por posible defraudación contra las empresas Equitransa y Odebrecht, lo hizo con base en la declaración que se falsificaron contratos para pagar menos impuestos. (I)       

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