Lunes, 20 Marzo 2017 00:00 Justicia

Entrevista / CARLOS BLADIMIR BACA MANCHENO / Postulante mejor puntuado en el concurso para FISCAL GENERAL del Estado

“Los inmiscuidos en corrupción responderán ante la justicia”

“Los inmiscuidos en corrupción responderán ante la justicia”
Foto: John Guevara / EL TELÉGRAFO

La propuesta de convocar a una consulta popular para echar abajo el concurso de designación de Fiscal General del Estado sería inconstitucional, sostiene.

Redacción Justicia

Carlos Bladimir Baca Mancheno alcanzó 94 puntos sobre 100 y es el mejor puntuado dentro del concurso de méritos y oposición que lleva adelante la Comisión Ciudadana de Selección de Fiscal General.

En entrevista con El TELÉGRAFO, señaló que en caso de llegar a ocupar esa dignidad, la Fiscalía no será utilizada como un instrumento de persecución o de impunidad.

Sostuvo que no es ningún demérito haber colaborado con el presidente Rafael Correa y el Gobierno Nacional. También se refirió a la demanda presentada por uno de los postulantes para desechar el proceso de selección, a la que calificó de improcedente. Y consideró que sería inconstitucional la anunciada consulta popular para dejar sin efecto la designación de fiscal.

¿En qué avala su experiencia profesional, sobre la base de la cual aspira a dirigir la Fiscalía General del Estado?

Tengo 21 años de abogado, de los cuales más de 15 fui docente en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador en algunas materias, principalmente en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. He desempeñado funciones públicas y privadas. También he escrito obras y he participado en cursos, seminarios y conferencias a nivel nacional e internacional.

Mi hoja de vida es pública y está colocada en la página web del Consejo de Participación Ciudadana. Me enorgullezco de que en mi vida yo no tengo ninguna mancha, ningún motivo de tacha o impugnación. Mi candidatura no ha recibido ninguna impugnación.

Uno de los postulantes mencionó que usted no tiene experiencia en el campo penal. ¿Qué le responde?

Eso es falso, porque cuando ejercí mi profesión como abogado litigante lo hice en el ámbito penal. Durante mi actividad académica, mi cátedra era Derecho Penal y adicionalmente he presentado los documentos que acreditan mi formación continua. Dos cursos de especialidad que realicé en la Universidad de Salamanca. Toda mi experiencia está registrada en documentos públicos.

La calificación de 50 puntos en  méritos es cuestionada. ¿Usted recibió alguna impugnación a ese puntaje?

No he recibido ninguna impugnación. Fui notificado con mi nota de méritos, como lo fuimos los 19 postulantes mediante un acto oficial y formal. La Comisión de Selección remitió los puntajes mediante los correos electrónicos, Mi carpeta tuvo el puntaje máximo, en virtud de que todos los ítems de calificación fueron acreditados de forma documental.  

También su cercanía con el presidente Rafael Correa y el Gobierno fue cuestionada. ¿Qué dice usted?

Estoy orgulloso de haber servido como consejero político del presidente Correa y en otros cargos del Gobierno. Si es que hay quienes consideran que eso es un demérito,  ese es un problema de ellos.

Sobre la acción de protección para suspender el concurso. ¿Considera que es viable este recurso?

Esa acción no tiene ningún asidero. Soy muy respetuoso de la decisión que el juez haya tomado, pero no tiene sentido, ni fundamento. Un abogado que medianamente conoce el Derecho, sabe que esa acción no tiene ni pies ni cabeza. Además, el accionante ni siquiera se presentó al examen, de modo que no puede ser considerado postulante, porque de acuerdo con el reglamento quien no se presenta a la prueba es descalificado y no puede continuar en el concurso.

¿Es procedente el anuncio del candidato Guillermo Lasso de convocar a una consulta popular para dejar sin efecto la designación de Fiscal General?

Esa propuesta es inconstitucional. La fuente de designación del Fiscal, Contralor, de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, Superintendentes y otras autoridades del Estado es distinta a la de elección popular.

Si una persona quiere dejar sin efecto una designación en el caso de una elección popular, tiene que recurrir a uno de los mecanismos constitucionales, por ejemplo la revocatoria del mandato.

En el caso de otras autoridades nombradas mediante concurso público, para cesarlos en sus cargos hay que seguir los procedimientos que señala la Carta Magna como el juicio político, la renuncia, etc.

Usted es el virtual nuevo fiscal y tiene que avocar conocimiento de casos importantes como Odebrecht y Petroecuador.  ¿Cuál será su rol en ellos?

Le respondo desde lo conceptual. Los casos Odebrecht, Petroecuador, lavado de activos, tráfico de drogas, violación a derechos humanos, violencia contra la mujer y otros, tendrán el tratamiento constitucional y legal. Puedo garantizar y asegurar que de ser elegido, la Fiscalía no será una arma de persecución, ni un paraguas de impunidad para nadie. Para ello, actuaremos con mano firme y tendremos la voluntad férrea para que los delitos sean sancionados y los responsables respondan ante la Ley.

¿No importa quién aparezca en la lista o esté involucrado?

No importa quién aparezca en la lista, porque el ejercicio del Derecho Penal y de la Fiscalía no está en dependencia de las personas, sino que depende de los hechos constitutivos de infracción y además tiene que ver con el respeto de un conjunto de garantías que la Constitución y la Ley le conceden a la Fiscalía, al procesado, al juez y a la defensa.

Cualquier persona que se encuentre inmiscuida en actos de corrupción, o que hayan cometido otras infracciones tendrán que responder ante la justicia, no importa si fue funcionario del Gobierno o de otras instancias políticas. No se perseguirá, ni se discriminará a nadie, pero tampoco se protegerá por ninguna razón. (I)

DATOS

Carlos Bladimir Baca Mancheno tiene 46 años. Es abogado en libre ejercicio y doctor en Jurisprudencia, cuyo título lo obtuvo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.

Ha ejercido la docencia universitaria en Ciencias Penales y Criminología; Derecho Penal Procesal en la Universidad Central, así como Derecho Penal en la Universidad de Salamanca. Es autor de publicaciones sobre Derecho Penal.

Durante su vida profesional ha impartido y recibido capacitación en Derecho Penal, Procesal y Derecho Constitucional en universidades públicas y privadas.

También se ha desempeñado como asesor de los ministerios coordinadores de la Política y de Desarrollo Social, al igual que del Ministerio del Interior. Además, fue consejero de gobierno de la Presidencia de la República. (I)

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