La directora del distrito al que presentaban los informes de lo ocurrido está convocada a rendir su versión

La rectora del Aguirre Abad llegó a ese puesto sin concurso de méritos y oposición

| 20 de Octubre de 2017 - 00:00
La declaración de la exrectora fue tomada el pasado miércoles en la Fiscalía Provincial del Guayas. Ahí aceptó que fue designada sin pasar por concurso.
FOTO: Foto: William Orellana / EL TELÉGRAFO

Patricia Cuenca estuvo designada como autoridad educativa desde el 24 de agosto de 2016 hasta el 12 de octubre de 2017. Aseguró pertenecer a la Red de Maestros y no estar afiliada a partidos políticos.

La misma Patricia Cuenca lo confirmó: no pasó por ningún concurso de méritos y oposición para su designación como rectora de la Unidad Educativa réplica Aguirre Abad, en el norte de Guayaquil.

Lo reconoció ante una pregunta del abogado Hernán Ulloa, quien representa a las víctimas de delitos sexuales ocurridos en el plantel, durante la versión libre y voluntaria que rindió, el pasado miércoles, en la Fiscalía 10 de Garantías y Personas, frente a César Peña, encargado de la investigación. Además estuvieron los abogados de las partes y Marjorie, la madre que primero denunció este hecho.

Cuenca precisó que desempeñó el cargo desde el 24 de agosto de 2016 hasta el 12 de octubre de 2017. Aseguró pertenecer a la Red de Maestros y no estar afiliada a ningún partido político. Además precisó que quien designa el cargo de rectora es el encargado de la Subsecretaría de Educación, a través de una terna.

El ministro de Educación, Fander Falconí, reveló ayer -durante un conversatorio con medios de comunicación- que a los pocos días de asumir el cargo (mayo de 2017) solicitó un informe evaluatorio de las autoridades educativas del país, incluidas las de los diferentes planteles del Estado. “Desde mi punto de vista es importante que las autoridades educativas sean evaluadas sobre su capacidad. Es fundamental”.

Cuando se le cuestionó la forma de designación de las autoridades, en particular de la exrectora del Aguirre Abad, el Ministro no negó, ni confirmó que ella llegó sin un proceso de selección, solo insistió en la necesidad de la evaluación, al tiempo de aclarar que una se relaciona a la tarea administrativa que cumplen y otra el aspecto operativo.

Falconí enfatizó que no ha tenido ningún acuerdo, ni tipo de presión alguna de parte de la Red de Maestros sobre la designación de autoridades o concesión de cargos en el sector educativo. “Hemos tenido varias reuniones con la organización y tanto ellos como nosotros hemos acordado mutuo respeto”.

Detalles de la versión

Durante la versión libre y voluntaria, Cuenca precisó que entre sus funciones estaba ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes. “Las ejecuté. Así como informé y denuncié estos supuestos hechos de abuso sexual ocurridos dentro del plantel educativo a la directora distrital de Educación, Tanya González Bustamante, quien por no haber ejecutado las sanciones correspondientes a los docentes denunciados se encuentra removida del cargo”, consta en la declaración.

El fiscal César Peña comunicó que González está convocada a declarar el lunes 23 de octubre a las 14:00. Ella estuvo el día del allanamiento (6 de octubre) y se presume que fue quien dispuso que no se abriera la puerta a la Fiscalía y Policía hasta que los niños de 3 y 4 años -que estaban en el patio- entraran a las aulas.

Respecto al conocimiento de los delitos sexuales dijo que Marjorie, la primera madre que denunció el hecho, le avisó lo sucedido con su hijo el 2 de octubre. Aseguró que en ese momento con el apoyo del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) caminaron con el menor perjudicado por las instalaciones para que reconociera visualmente a su agresor. El menor identificó primero a Egry M., prófugo de la justicia.

“A fin de precautelar la integridad del niño se tomó la decisión de cambiarlo de la jornada vespertina a la matutina y la madre aceptó lo propuesto. Posteriormente, le indiqué que era necesario presentar la denuncia en la Fiscalía por tratarse de un delito grave”, manifestó la exrectora, quien agregó que la progenitora le respondió que la había asentado el 30 de septiembre, un día después de que su hijo le contara que maestros lo habían atacado dentro de un baño con otros compañeros. Reveló que ahí los tocaron y obligaron a tocarlos, les dieron unas pastillas que les provocaron mareos, los amenazaron con cuchillo, los grabaron y hasta los obligaron a beber orine, de acuerdo con lo narrado por las víctimas.

Precisó que la vicerrectora e inspectores eran los encargados de vigilar que los docentes y otros servidores estén en sus puestos y secciones y también había personal designado para controlar cada piso.

Muy diferente a lo declarado por Cuenca, son las versiones de los padres, entre ellos Marjorie, quien insiste en que no recibió apoyo de su parte y que fue amenazada de ser denunciada por injurias. (I)

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WhatsApp revela acoso sexual entre estudiantes

Aproximadamente hace un mes, una cadena de mensajes en un grupo de la red social de WhatsApp, sobre el supuesto acoso sexual contra un estudiante, puso en alerta a los padres de familia de un colegio particular de Guayaquil. Dos padres comentaban, alarmados, cómo un alumno de quinto año de educación básica, entre 9 y 10 años, se había bajado el pantalón en el aula e incitaba a uno de sus compañeros que le realizara una felación; mientras otro muchacho incentivaba la acción con burlas.

El grotesco relato motivó la intervención de otros padres de familia, quienes acordaron conformar una comisión para acudir al plantel, situado en el norte de la ciudad, para pedir una explicación a los directivos. En el sitio, la presencia de la delegación de progenitores causó sorpresa y uno de los representantes del centro educativo anunció que serían atendidos uno por uno y no en grupo.

“La petición fue rechazada porque el reclamo no era individual, sino colectivo, tomando en consideración que el acto de acoso se dio en un aula de clases donde estaban presentes alrededor de 35 estudiantes, que al parecer no tenían el control del profesor, ni del inspector de turno”, manifestó José S., uno de los denunciantes.

Al final, los directivos del colegio, tras admitir que desconocían el incidente, prometieron una investigación para determinar la participación de los alumnos y la afectación que habría causado a los niños. “Pese a conocerse más casos de acoso, no se indagó”. (I)

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En Azuay 18 profesores están en investigación

Desde enero hasta septiembre de este año la Fiscalía Provincial de Azuay receptó 19 denuncias por violación, abuso sexual y acoso sexual.

De los 19 delitos, los 18 fueron cometidos por profesores de instituciones fiscales y 1 por un albañil que trabajaba en una escuela del cantón Cuenca y violó a una menor.

Según el fiscal de Azuay, Adrián Rojas, 10 casos ocurrieron en el cantón Cuenca, 4 en el cantón Santa Isabel, 4 en Gualaceo y 1 en el cantón Paute, incluido el del albañil. La edad de las víctimas fluctúa entre los 4 y 19 años. Todos son estudiantes, la mayoría es de sexo femenino, dijo el fiscal.

Un caso que más ha llamado la atención, pero que se conoció en agosto del año anterior, se relaciona a un profesor de la parroquia Molleturo, perteneciente al cantón Cuenca, que abusó de 6 estudiantes de su establecimiento.

Según se conoció, el maestro de nombre Luis G. se aprovechaba de las niñas, la mayoría durante el recreo, “con el pretexto de realizar refuerzos académicos con las menores las dejaba en el aula, mientras que, a los varones, les pedía que fueran al patio”, comentó el fiscal Rojas.

El hecho se denunció en agosto de 2016, cuando uno de los padres de las menores ofendidas fue a la escuela al terminar la jornada y al entrar al aula observó que su niña era sometida al abuso sexual.

El padre de familia denunció el hecho a las autoridades y fue detenido el sujeto para las investigaciones correspondientes. Tras esta aprehensión hubo 5 denuncias más de padres de familia que habían callado estos hechos y que no los denunciaron por temor.

En el primer caso el docente fue sentenciado a 29 años y 4 meses de prisión, mientras en el segundo recibió la sentencia de 9 años y 4 meses.

El fiscal indicó que las 4 denuncias restantes se encuentran en proceso de investigación y que todas están bajo la tipificación de abuso sexual en contra de las niñas de la escuela situada en la parroquia Molleturo. (I)