A dos años, cinco meses y nueve días de estar detenido, la situación legal del exvicepresidente Jorge G. se complica. El considerado uno de los hombres fuertes y clave del Gobierno de la Revolución Ciudadana cumple en el Centro de Rehabilitación de Latacunga una condena de seis años de prisión, por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

A ello se sumará la sentencia que está por dictar en los próximos días el Tribunal de Juzgamiento por el caso Sobornos 2012-2016, integrado por los jueces nacionales Iván León (ponente), Iván Saquicela y Marco Rodríguez.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, acusó a Jorge G. de autor directo del delito de cohecho y pidió al Tribunal aplique una condena de ocho años de prisión. La misma pena solicitó para los otros 19 procesados, entre ellos el expresidente Rafael C.

Pero se viene un nuevo juicio. Se trata del denominado caso Singue, cuya audiencia de juzgamiento iniciará el jueves 12 de marzo de 2020 en contra del exvicepresidente y 14 personas más, por el delito de peculado, sancionado hasta con 13 años de cárcel.

La teoría fiscal asegura que existió un ilícito cuando la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda. y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato.

Pero eso no es todo; hay cuatro denuncias por supuestos actos de corrupción que son investigadas en la Fiscalía por los denominados casos: Petrochina, Petrotailandia, Refinería del Pacífico y Odebrecht, en los que el exvicepresidente es acusado de participar.

El primero de los mencionados es por la intermediación petrolera entre Ecuador y Petrochina, que presuntamente dejó pérdidas al Estado por cerca de $ 42 millones, según el exasambleísta Diego Salgado.

Respecto a la indagación del caso Petrotailandia, es por la firma de un acuerdo entre dicha empresa petrolera con Petroecuador, en diciembre de 2016, que habría causado un perjuicio al Ecuador de aproximadamente $ 5.000 millones.

En cuanto a la indagación por la construcción de la Refinería del Pacífico que debían hacerla en conjunto Ecuador y Venezuela, se gastó más de $ 1.531 millones, pero el proyecto está inconcluso y paralizado.

La cuarta investigación tiene que ver con delincuencia organizada en el caso Odebrecht. César Montúfar, quien presentó la denuncia en el año 2018, dijo que en este caso se investigan varios delitos, entre ellos: peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos y testaferrismo. (I)