De las 3.000 personas privadas de la libertad (ppl) con sentencia que se beneficiarán de la rebaja de penas o indulto presidencial, saldrán en libertad a fines de junio los primeros internos. Así lo confirmó el miércoles último durante un conversatorio la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado.

El Decreto Ejecutivo 1440, firmado por el exmandatario Rafael Correa el 23 de mayo de este año, establece la rebaja de 360 días a los internos sentenciados por un delito que tenga una pena máxima de cinco años y hubiesen cumplido el 30% de la condena.

Además se concede el indulto presidencial a los sentenciados por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que hubiesen intentado ingresarlas o sacarlas del país por puertos, aeropuertos o puntos de frontera, dentro de la mínima o mediana escala y a quienes padezcan enfermedades catastróficas en etapa terminal.

Según Alvarado, “a fin de mes ya saldrían los primeros favorecidos de los Centros de Rehabilitación Social  (CRS) del país”.

Amnistía para la Conaie

La secretaria de Estado también se refirió al pedido de amnistía e indultos que solicita la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para 177 personas. Indicó que en su gestión se fortalecerá el trabajo que se hace desde los viceministerios de rehabilitación social y derechos humanos.

“Junto con la Secretaría de la Política trabajamos en una propuesta y vamos a dar resultados e identificamos salidas, no siempre las amnistías podrían ser la opción. Se analizarían indultos, rebaja de pena, disminución o salida de la persona, siempre que tengan una sentencia en firme. Estamos en un momento de diálogo y restauración con todos los colectivos”, añadió.

Sobre la propuesta de la Conaie, la secretaria nacional de la Gestión de la Política, Paola Pabón, dijo que 31 personas podrían recibir amnistía. Además dos de ellas fueron indultadas por el expresidente Correa.

Pabón explicó que los dirigentes de la Conaie indicaron que son 114 personas procesadas, pero -según el listado inicial presentado por las organizaciones-, ninguna de ellas se encuentra privada de la libertad. Agregó que de ese grupo, 56 no tienen causa pendiente con la justicia.

Alvarado fortalecerá el trabajo que se hace desde los viceministerios de Rehabilitación Social y Derechos Humanos con propuestas que se enmarquen en el respeto de los derechos humanos. A través de acciones estratégicas se delineará un plan para erradicar la violencia de género y, además de apoyar a la víctima, se incorporarán acciones para trabajar con los agresores.

Anunció que hará una propuesta nacional, a través de una ley, para erradicar toda forma de violencia.

En cuanto al tema de adolescentes en conflicto con la ley, indicó que se intervendrá con un tratamiento adecuado que vele por su integridad. Mientras que, en algunos CRS hay que hacer una intervención en infraestructura y fortalecer el trabajo que se ejecuta internamente para una verdadera transformación.

Frente de Transparencia

El titular del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) será llamado al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que se reúne los lunes, reveló.

“El frente no tiene facultades investigativas, porque eso proviene de la ley y le corresponde a la Fiscalía, pero sí puede discutir algunas medidas que se implementarán en las empresas públicas, por ejemplo con respecto a los contratos complementarios a ciertos sectores donde los recursos son sensibles de corrupción, así actuaremos”, dijo. (I)