Con el funcionamiento del sistema de videoconferencia el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Ministerio de Justicia buscan garantizar la comparecencia en las audiencias de las personas detenidas, en razón de que uno de los motivos para la no realización de estas diligencias el año anterior era la ausencia de los detenidos.

En Guayas, por ejemplo, durante el 2013 la inasistencia de los acusados o procesados, incluidas personas privadas de la libertad (PPL), representó más del 20% del total de audiencias fallidas.

Mediante videoconferencia la PPL puede participar de su juicio sin tener que salir del centro de rehabilitación donde permanece, esto mediante un circuito formado por cámaras, micrófonos y pantallas que permiten la comunicación vía Internet para que la audiencia se realice tal como si todas las partes procesales estuvieran presentes en la misma sala.

El ministro José Serrano explicó que otro de los factores que motivó la entrada en vigencia del método fue precautelar la seguridad ciudadana. Aproximadamente 60 intentos de fuga se registraron durante los últimos cinco años, cuando agentes del orden trasladaban a PPL desde los diferentes centros de rehabilitación social del país hasta las unidades judiciales para que sean juzgadas.

Además se optimizarán recursos, afirmó el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, tras explicar que en los operativos de traslado se empleaba un gran contingente de agentes del orden, lo que generaba distracciones en sus labores cotidianas. Con este sistema las diligencias se ejecutan con estricto control en las salas y centros de reclusión, informó Jalkh. El juez de la Segunda Sala Penal del Guayas, Gabriel Manzur, dijo que esto le dará agilidad al desarrollo de las causas, pues el sistema funcionará no solo en los lugares de reclusión, sino en dependencias de distintas ciudades, para que los sujetos procesales que están en otras provincias cumplan con la convocatoria.

Serrano manifestó que se invertirá 1’400.000 dólares para habilitar 60 puntos con estos equipos en todos los centros de rehabilitación social y que se conectarán a los ya implementados por el Consejo de la Judicatura.

Confirmó que además se realizarán videoconferencias con policías y peritos a los que se les dio el pase a distintas jurisdicciones.

Ante las novedades, el fiscal Patricio Toledo, quien presta servicios en Yaguachi, Jujan y otras poblaciones de la provincia del Guayas, expresó que la dotación es oportuna e hizo referencia a que en más de una ocasión acudió a los juzgados y tribunales situados en Guayaquil, y que las audiencias no se efectuaron porque no trasladaron a los detenidos.

No obstante los beneficios, el abogado Jorge Huilcapi expresó en una audiencia desarrollada con esta modalidad que el método debe garantizar también la privacidad que merece una conversación entre defensor y defendido, pues no comparte que el diálogo se efectúe por medio de cámaras y micrófonos frente a terceras personas.