El incremento patrimonial de fiscales y jueces será revisado

La administración de justicia debe tener coherencia en relación a los antecedentes penales y los delitos que cometen las personas para decir si se les otorga llevar un dispositivo de vigilancia electrónica en lugar de dictarles la prisión preventiva.  

Así lo recomendó César Navas, ministro del Interior, en la primera Mesa de Justicia 2018, realizada en la Corte de Justicia de Guayas.

Indicó que han existido casos en los que beneficiados luego son capturados por nuevos delitos, como robos o microtráfico de drogas.

Rosana Alvarado, ministra de Justicia, explicó que el dispositivo no modifica la conducta de las personas. “No es que al malo lo convierte en bueno. No cambia sus conductas delictivas. Lo que permite es, conectados a la plataforma del ECU-911, conocer el lugar específico donde se encuentra la persona”.

Hasta el momento, en Ecuador se colocaron 1.241 dispositivos y más de 2.000   están disponibles. La ciudad  con más tobilleras activadas es Guayaquil, con 700. En otras ciudades como Cuenca hay 146 y en Quito 400. Existen zonas donde la medida no es la más conveniente por las dificultades para conectarse al centro de monitoreo, por ejemplo en el sector de la Amazonía.

“El juez es quien valora si es suficiente otorgar esta medida a un sospechoso en lugar de llevarlo detenido. Pero cuando hay conductas delictivas reincidentes seguramente dictará la prisión preventiva”.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), quien presidió la reunión, indicó que si una persona infringe la orden judicial al salir de una zona específica comete un nuevo delito. “Con el brazalete la autoridad puede saber que ha cometido esa infracción de la norma y se iniciará un nuevo proceso,  por ese; y por el otro acto ilícito, en caso de que lo haya cometido”.

Agregó que para conceder esta medida los jueces deben tener la información si hay aparatos disponibles, en dónde, y si en el sitio es recomendable el uso, pues hay rincones donde la señal no es la oportuna.

“Queremos estimular la decisión judicial del uso de este dispositivo como alternativa  a la prisión preventiva, obviamente cuando el caso lo amerite. Con el Ministerio del Interior coordinamos para también emplearlo en los casos de arresto domiciliario, en lugar de la custodia policial”.

Observaciones en Flagrancia
Jalkh anunció que en abril de este año se prevé reinaugurar el edificio conocido como Cuartel Modelo, en Guayaquil, donde funcionaba la principal Unidad de Flagrancia (detenidos en el cometimiento de delitos).

Las instalaciones estuvieron inutilizables desde el terremoto ocurrido en Ecuador, el 16 de abril de 2016. La reconstrucción empezó en octubre de 2017.

Jalkh informó que analizó tomar medidas correctivas en el juzgamiento de delitos flagrantes en la ciudad. “Hemos encontrado que ciertos números ameritan una evaluación en particular acerca de los procesos penales que se conducen hacia la conciliación. Esta ha crecido de 2% a  20%. Se amerita comprobar si se está usando correctamente este recurso”.

Adicionalmente, dijo que se observaron los casos de narcotráfico en todas las escalas. “Encontramos que el porcentaje de sentencias absolutorias no se compadece con el histórico que ha desarrollado esa misma unidad, actualmente situada en la Unidad Judicial Norte del Albán Borja”.

Enfatizó que si los casos están debidamente sustentados y todos hicieron un buen trabajo en buena hora, “pero tomaremos medidas si se presenta alguna novedad”.

Añadió que incluso se solicitará a la Contraloría General del Estado para que de forma aleatoria revise el crecimiento patrimonial de quienes investigan y juzgan estos actos, ya que “puede ser que sus decisiones no tengan toda la claridad necesaria”.

Ledy Zúñiga, secretaria técnica de Prevención de Drogas (Seted), conoce que se emitieron sentencias no acordes a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en cuanto a las sanciones por tráfico a mínima, mediana, alta y gran escala, sobre todo en heroína.

“Eso es preocupante para nosotros. No podemos permitir que haya impunidad en el narcotráfico porque este influye en el consumo de drogas”.

El ministro Navas añadió que se observarán los casos, delito por delito, “porque hay un cambio drástico de pasos de procesos ordinarios a procesos donde los sospechosos aceptan la culpa y la disminución de la pena es importante y creemos que esto no es normal”. Además se examinarán los casos en los que personas quedaron irregularmente en libertad. (I)

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Gustavo Jalkh posesionó a nuevo director del CJ-Guayas
Lenín Ernesto Zevallos Martínez y Raúl Antonio Alcívar Segarra tomaron posesión oficial como nuevo director del Consejo de la Judicatura (CJ) de la provincia de Guayas, y como jefe de la Unidad de Control Disciplinario del organismo.

Zevallos es abogado y posee una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Además, es especialista en Derecho Patrimonial Familiar con un diplomado en asesoría familiar por la Universidad de los Andes.

En el ámbito de la administración pública, el nuevo funcionario del CJ ejerció como jefe jurídico del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En la Función Judicial, Zevallos se   desempeñó como juez de Inquilinato de Quevedo y como juez de la Familia, Niñez y Adolescencia de Quevedo, Babahoyo y Guayas.

El encargado de Control Disciplinario tiene título de abogado y es egresado de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil.

También fue asesor legal en el Registro Mercantil, Municipio de Guayaquil, Superintendencia de Bancos y director Jurídico en el Consejo Nacional para la reactivación de la Competitividad. Alcívar desempeñó cargos en la Coordinación de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial del CJ-Guayas, y en los ministerios del Interior y Salud.

El presidente del CJ, Gustavo Jalkh, tomó juramento de los nuevos funcionarios provinciales tras la Mesa de Justicia. “Usted en su momento, como juez penal  tomó decisiones importantes en la lucha contra la inseguridad y contra bandas muy peligrosas en nuestro país”, dijo sobre la trayectoria profesional en la Función Judicial de Zevallos.

Añadió que su participación es importante para el cumplimiento del plan estratégico de modernización de la Función Judicial. Al final, ambos funcionarios se comprometieron a cumplir con la ley y el control de las actuaciones de los empleados del sistema de justicia de Ecuador. (I)