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Pese a los acuerdos de paz con los guerrilleros en los pequeños poblados de la selva, aún no entra el estado

El gramo de coca sirve como moneda en La Paz

En su tienda en el caserío de La Paz, Lorena pesa la pasta base que un cliente le entrega como compensación para la compra de una cubeta de huevos.
En su tienda en el caserío de La Paz, Lorena pesa la pasta base que un cliente le entrega como compensación para la compra de una cubeta de huevos.
Foto: AFP
05 de octubre de 2017 - 00:00 - Agencia AFP

Bogotá.-

A sus 26 años, Lorena ha tenido más gramos de pasta de coca que efectivo en las manos. Donde vive, en un punto casi perdido de la selva colombiana, los campesinos negocian con la ‘moneda’ que fabrican: la base de la droga que inunda Estados Unidos.

Hace siete años que esta mujer llegó a La Paz, un caserío del departamento de Guaviare, a orillas del río Inírida (sureste), tras dejar la finca donde su familia, bosque adentro, cultiva hoja de coca.

En la aldea no hay luz eléctrica, agua potable, médico ni policía. Dicen los pobladores que no se matan entre ellos gracias a la autoridad que ejerce el frente guerrillero que se apartó del acuerdo de paz con las FARC.

Los rebeldes están entre la población. ¿Desde cuándo? “Desde siempre, antes que el Estado”, señalan en voz baja. El ejército patrulla oculto en la selva.

Hace poco, Lorena abrió en su vivienda una tienda de víveres. En vez de caja registradora manipula una balanza electrónica en la que pesa los gramos de alcaloide que los niños llevan en vasos desechables y los adultos en los bolsillos.

“Todo se compra y se vende igual. El efectivo es muy escaso y se guarda para emergencias”, dice la mujer que prefiere no revelar su apellido.

Y no exagera: desde una libra de arroz hasta una cerveza, pasando por la compañía de una prostituta, se tasan en gramos de droga. “Esto es otra Colombia, no hay salud, ni nada, y hay niños de 7 años que no conocen” el efectivo, afirma Orlando Castilla, de 64 años, dirigente social.

Cuatro chupetes se intercambian por una pequeña porción de pasta base, que es la materia prima de la coca, la cual se envía a Estados Unidos. Foto: AFP

Zanahoria y garrote

Los 300 colonos que viven en La Paz están conectados a través del río, una carretera de tierra y dos líneas telefónicas. La sirena de un altavoz les avisa cuando entra una llamada. La lluvia transforma este caserío en un lodazal.

Todos aquí viven de lo mismo: el cultivo y procesamiento de la hoja de coca, una actividad que lejos de enriquecerlos, aseguran, apenas les da de comer, y los mantiene endeudados y bajo la mira del Gobierno.

A quienes aceptan sustituir por sembradíos legales el Estado les garantiza ayudas económicas, pero los que se rehúsan enfrentan a los policías antidisturbios que irrumpen con los erradicadores.

Fue lo que ocurrió el 20 de julio en las riberas del río Inírida. Hubo choques, gases lacrimógenos y un policía fue retenido tres días por los campesinos.

Bajo presión de Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína en el mundo, Colombia pretende acabar este año con 100.000 hectáreas por las buenas o a la fuerza.

Entre 2015 y 2016 los cultivos ilegales se dispararon en todo el país el 52% hasta sumar 146.000 hectáreas. El acuerdo de paz prevé que los ahora exguerrilleros de las FARC apoyen la sustitución en sus zonas de influencia.

De La Paz y sus alrededores, una reserva natural de bosques tropicales donde se han asentado ilegalmente unos 6.000 colonos, sale la pasta de coca que, una vez transformada en cocaína, alcanza precios exorbitantes en Estados Unidos.

Pero para los colonos el gramo, su moneda, nunca supera los 2.000 pesos (70 centavos de dólar).

Eslabón débil

Raya el alba, y en la finca de Miguel ‘Mangos’, de 56 años, los jornaleros ya están de salida. En el ‘cambullón’, un laboratorio rústico, descargan los bultos con la hoja de coca que recolectaron en la madrugada a mano limpia.

Miguel pica la hierba con una guadaña y prepara una mezcla de agua y cal que esparce sobre las hojas troceadas. Es apenas el comienzo del proceso para fabricar la pasta de cocaína.

Por cada $ 1.000 que invierte saca $ 1.200, una ganancia que aunque mínima le permite sobrevivir.

“He cultivado plátano, maíz, yuca, pero no es rentable”, expresa Miguel y echa cuentas: para sacar al mercado un bulto de plátano debe pagar un flete que le termina dando pérdidas.

“Un kilo de coca lo lleva uno en el bolsillo”, ilustra. Los campesinos cocaleros sacan fiado todo, desde las semillas de la hoja hasta la comida, y luego saldan sus deudas con ‘mercancía’.

“Pasan meses que nunca miramos el efectivo. Cuando una persona viene a comprar (la mercancía) no le preguntamos quién es y para dónde va”, expresa Diego Parra, líder comunal de 50 años.

Los compradores pueden desaparecer por largo tiempo, sobre todo, cuando la persecución policial arrecia. Entonces los campesinos se arriesgan a salir con los gramos de coca hacia la ciudad de San José, donde la Policía puede detenerlos.

Nos dicen “que somos guerrilleros o que somos narcotraficantes, viendo que somos el eslabón más bajo de esta cadena, somos los más pobres”, resume Cielo Rueda. (I)

Aunque en Estados Unidos el precio de la cocaíana es exhorbitante, un sembrador de la hoja apenas recibe $ 200 de ganancia. Foto: AFP

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Para Aldemar la guerra en Colombia sigue

“Las FARC están vivas, la guerra continúa”, asegura Aldemar mientras acomoda el fusil de asalto M-16. La paz nunca llegó a las Selvas del Guaviare, en el suroeste de Colombia.

Desde que se apartó del proceso de paz que busca extinguir el último conflicto armado de América, Aldemar y los guerrilleros que comanda son cazados por el ejército como disidentes.

“¿Disidencia? No hemos cambiado una coma en la parte ideológica, seguimos siendo revolucionarios que buscan el poder para el pueblo por la vía político-militar”, dice este hombre de 32 años.

Aldemar casi nunca baja la mirada, lleva vaqueros y una camiseta de la selección colombiana de fútbol. Es la primera vez que habla con la prensa desde que comenzó la persecución oficial.

Él y cientos de hombres no depusieron los fusiles y siguen llamándose Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. (I)

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