Por segunda ocasión fue diferida la audiencia preparatoria de juicio por el delito de peculado, en el denominado caso Alvarado, que se debía desarrollar este miércoles 23 de enero.

La jueza nacional, Sylvia Sánchez, fijó el miércoles 30 de enero como nueva fecha.

La diligencia estaba convocada inicialmente para el 14 de este mes; luego se cambió al 23 del corriente.

Otra de las novedades es que de las nueve personas vinculadas por presunto peculado en tres contratos suscritos por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), cinco fueron absueltos.

El martes de la semana pasada, la jueza emitió el auto de sobreseimiento a favor de Vanessa Salgado, Juan Chiriboga, Javier Lemos, Marco Bravo y Elsa Vivanco.

El sobreseimiento se dio a cuatro días de que la fiscal general (e) Ruth Palacios, al no encontrar elementos de convicción suficientes, presentó dictamen abstentivo.

Con ello, a los cinco favorecidos les levantaron la orden de detención. De ellos, Juan Chiriboga, Marco Antonio Bravo y Javier Lemos, que estaban detenidos, fueron puestos en libertad. 

Al no ser nombrados en la lista de abstentivos, se espera que llegue un dictamen acusatorio para los cuatro procesados restantes: Fernando A., Galo P., Pablo Y. y Carlos B.

Sobre este último, el pasado jueves el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aceptó la apelación presentada, para que se revea la orden de detención.

Así, cambió las medidas cautelares de Carlos B. a la presentación diaria en la Corte de Justicia y la prohibición de salida del país.

El mismo Tribunal negó el recurso de apelación a la prisión preventiva solicitado por Galo P., por lo que sigue detenido y es el único en prisión hasta el momento.

De los otros dos procesados, Fernando A., exsecretario Nacional de Comunicación y principal investigado, se encuentra prófugo.

Sobre el exsubsecretario Pablo Y., tiene medidas cautelares, entre ellas presentación diaria ante el juez.

En declaraciones a la prensa, el contralor general subrogante, Pablo Celi, calificó de un “acto lamentable contra los intereses del Estado” y dijo que no hay fundamento alguno para justificar el retiro de cinco de los nueve vinculados.

Carlos Soria abogado de Javier Lemos, insistió en que la prisión preventiva dictada contra su cliente fue injusta e  inmotivada. (I)