Con un presupuesto reducido, falta de personal, inequidad salarial y sin una ley orgánica, la Defensoría Pública enfrenta los retos de 2019.

Según el informe de labores presentado por el defensor público general (e), Ángel Torres, en la Asamblea, el déficit de defensores a nivel nacional es de 180.

Actualmente tiene 733, de ellos solo 685 se encuentran activos y están distribuidos en 198 puntos de atención, en las 24 provincias del país.

De los 685, 356 están asignados en los casos relacionados al área penal, 219 en materia social y para lo multicompetente que conoce todas las causas, 110.

Para Torres, con 180 defensores más se podría brindar el servicio integral a la ciudadanía en general.

Según las normas internacionales, se requieren cinco defensores públicos por cada 100 mil habitantes y en nuestro caso no llegamos ni a cuatro, indicó.

De acuerdo a la Constitución de la República, la misión de la Defensoría Pública es entregar gratuitamente asesoría legal y patrocinio a las personas que se encuentren en estado de indefensión o que por su condición económica no tienen para pagar un abogado particular.

Torres reveló que el presupuesto asignado a la institución en 2018 fue de $ 37’424.996,81, pero para este año de esa cifra hubo una reducción en alrededor de $ 2 millones 100 mil.

Eduardo, defensor público hace tres años, quien pidió mantener su identidad en reserva, manifestó que renunciará en los próximos días por el bajo sueldo.

De acuerdo a la Constitución, los fiscales y los defensores deben tener las mismas condiciones, facilidades y recursos para su trabajo, lo cual no se cumple.

El defensor público (e), Ángel Torres, admitió el problema y agregó que el sueldo de un defensor es casi la mitad de lo que gana un fiscal.

En declaraciones pasadas, el defensor público anterior, Ernesto Pazmiño, reveló que en 2017 el sueldo de un juez era de alrededor de $ 4.300, de un fiscal $ 3.700 y de un defensor $ 2.300, lo cual no es justo, porque el trabajo de un defensor es superior al de un fiscal.

Torres exhortó al Consejo de la Judicatura a llenar el déficit y vacantes, y al Ministerio de Finanzas a que entregue el presupuesto requerido. Dijo que impulsa la creación de una Ley Orgánica de la Defensoría Pública. (I)