6 casos de femicidios en 8 meses preocupan a los cuencanos
El 5 de agosto de este año, en Cuenca, en un inmueble del sector Tomás Ordóñez y Calle Larga, fue hallada muerta Lorena Flores. Su pareja, el homicida, intentó suicidarse cortándose las venas, pero fue detenido y trasladado al Hospital Regional, donde se lanzó de un tercer piso y días después falleció.
El 8 de agosto, en la misma ciudad, en la zona Ochoa de León, una niña, de 11 meses de nacida, fue asesinada por su padre cuando intentaba agredir con un cuchillo a su esposa en su vivienda.
Con este último caso son 6 las muertes de féminas registradas de enero a agosto de este año en Cuenca. Y desde 2014, que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de femicidio, se han contabilizado en la provincia de Azuay 12 crímenes de mujeres bajo esta figura judicial penal.
Azuay es la cuarta provincia en cifras de femicidio y una de las más violentas. 7 de cada 10 sufren algún tipo de abuso, según ONU Mujeres. Los golpes, insultos y agravios son, de acuerdo con la viceministra de Justicia, Lucy Blacio, la antesala del femicidio.
En las últimas semanas se efectuaron marchas, plantones y actividades para rechazar las muertes violentas de mujeres, la mayoría de las acciones se concentró en el Complejo Judicial de Azuay.
Cifras alarmantes
Las cifras de violencia contra la mujer preocupan en esta provincia. Según la jueza Soraya Quintero, a la Unidad de Violencia -de enero a junio de este año- ingresaron 1.050 causas, de las cuales 806 terminaron en inhibiciones.
Un total de 286 procesos está en trámite, 146 terminaron en una sentencia absolutoria, 65 llegaron a sentencias condenatorias, 11 se archivaron y nueve prescribieron.
En gran parte de los casos que no llegaron a sentencia, las víctimas prefirieron no seguir adelante con el proceso penal, según datos de diario El Tiempo de Cuenca.
El abogado David Jiménez sostiene que todas ellas son potenciales víctimas de femicidio y se suman “todas las mujeres que son agredidas y nunca ponen la respectiva denuncia”.
El femicidio es un problema de salud pública, según la jueza Quintero, y es un mal que no afecta únicamente a la víctima, sino a toda su familia y su entorno.
La familia sufre consecuencias
Marlene Villavicencio, directora de la fundación María Amor, dijo que, luego de un femicidio, los hijos de la víctima y los familiares son los proclives a sufrir daños psicológicos, “que en ocasiones son irreparables”.
Asegura que cuando las víctimas colaterales presencian la muerte de su madre, “saben que el padre es quien los dejó huérfanos, situación que es difícil de superar”.
El director del Consejo de la Judicatura, Mateo Ríos, detalla que, de acuerdo con el artículo 78 de la Constitución, “las víctimas colaterales de este delito gozarán de protección especial que consiste en atenciones médicas y psicológicas de forma indefinida”.
No siempre esta ayuda llega de forma efectiva. Uno de los casos recientes es la falta de asistencia a una niña abusada sexualmente, que durante 6 meses no recibió asistencia de organismos del Estado. El juzgado a cargo del caso analiza una acción por desacato, informa el juez Luis Serrano.
Quintero asegura que el femicidio es un mal en el que la sociedad y el Estado tienen corresponsabilidad: “La sociedad, por seguir naturalizando la violencia contra la mujer; y el Estado, por no prevenir de forma efectiva este delito”. Por tanto, es necesario impedirlo desde la primera señal de violencia para que el femicidio no se consuma. (I)
