Nadie quería abandonar su puesto de trabajo. El solo escuchar el timbre del teléfono puso nervioso a más de un empleado del sector público. Al inicio de la mañana pocos conocían que  iniciaba la segunda fase de la compra de renuncias obligatorias con indemnización. Al pasar de las horas, funcionarios del Departamento de Recursos Humanos notificaban a quienes debían abandonar sus cargos, lo que incrementaba la incertidumbre.

En general, la medida era sobrellevada con resignación y sin contratiempos. Los usuarios a diferencia de esta situación mostraban su respaldo a la medida gubernamental de separar a quienes muchas veces entorpecen los servicios públicos.

“Siempre y cuando sea a los malos servidores, damos nuestros aplausos al Presidente”, anotó Alejandro Pazmiño Cabrera, quien ayer realizaba un trámite en la Subsecretaría de Educación en el Ministerio del Litoral y relataba las penurias y malos tratos que ha pasado por culpa de varios funcionarios.

El Ministerio de Relaciones Laborales, ayer, amparado en el Decreto Ejecutivo 813, reanudó la notificación a servidores públicos que son despedidos. 

En Quito son alrededor de 600 servidores de los ministerios del Ambiente y Turismo, de las Aduanas, de la Secretaría de Gestión de Riesgos (Sngr), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), los que  tuvieron que dejar el servicio público.

En la mañana, funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales llegaron a las dependencias del Estado anotadas, para notificar la separación de los cargos, lo cual causó sorpresa e indignación en los afectados, muchos de los cuales no lograron contener las lágrimas.

Empleados de la Subsecretaría de Inclusión Social (MIES), quienes creen que los van a remover de sus cargos,  empezaron a empacar sus pertenencias en fundas o cartones.

“No me han notificado, pero si lo hacen,  estaré prevenido, porque no sé si podré sacar mis pertenencias que he acumulado en mi escritorio”, señala Carlos, funcionario que declinó identificarse por no ser vocero oficial de los empleados.