La Ley de Radiodifusión y Televisión es clara: quien no se sujeta a ella enfrenta la reversión de la frecuencia de audio o video y el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar el espectro radioeléctrico.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) es responsable del control técnico, operativo y de la administración de los contratos de concesión. Cuando existe una resolución en firme del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de terminar el contrato, le corresponde a la Supertel hacer cumplir la orden.

El operar con parámetros no autorizados en el contrato de concesión motivó a la Supertel a  intervenir las emisoras K-MIL FM, de Huaquillas, y R-U Matriz Cadena Sur del Ecuador, en Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Otras trece estaciones de radio y televisión fueron observadas. En estos casos la terminación de contratos fue por estar en mora por más de seis meses consecutivos.

Telesangay, en Morona Santiago, es un caso particular, la terminación se dio por incumplir en la instalación de equipos dentro del plazo. Personal del canal  realiza plantones en rechazo al cierre e incautación de equipos, pero para el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, no hay vuelta atrás.

Jaramillo explica que quien incurre en la falta no puede volver a pedir una frecuencia, aunque él no es partidario de la medida por ser a perpetuidad. Argumenta que lo único que ha hecho es cumplir con la Ley y el mandato constitucional.

La Supertel aclara que antes de proceder a la terminación del contrato y a la reversión de la frecuencia al Estado, los medios son informados para que rectifiquen, pero en los casos recientes no hubo respuesta. Incluso Jaramillo cuenta que hubo reuniones en las que participaron directivos de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y otros organismos.

Diario El Telégrafo intentó conversar con el representante de Telesangay, pero no hubo respuesta. Fernando Echeverría, director de K-MIL, sostiene que las autoridades no cumplieron con los plazos previstos y enseguida allanaron la radio. Insiste en que cumplió con los parámetros técnicos y exige que le permitan operar.

Para Efraín Cayambe, director de  Andina FM,  matriz  en Riobamba, “lo mejor es cumplir con la ley para evitar este tipo de inconvenientes”. El contrato de concesión de esta emisora está vigente hasta el 29 de noviembre de 2013. “Hay personal de la Superintendencia que nos monitorea o a veces nos visita”, sostiene, y explica que la concesión tiene un costo mensual dependiendo del número de repetidoras que tenga el medio.

Guillermo Navarro, ex presidente de la Comisión Auditora de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, dice que las estaciones cerradas deben reconocer que cometieron un error. “La ley señala que si no paga durante seis meses el valor de la concesión, éste no se perdona y  debe devolver la frecuencia”, aclara.

Jorge Yunda, ex presidente del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), indica que lo mejor es cumplir la ley y que si existe alguna objeción, lo aconsejable es seguir el debido proceso.

El Informe Estadístico de Gestión Técnica Administrativa y de Control de los Servicios de Radiodifusión y Televisión correspondiente a 2011, determina que 1.958 estaciones de radio y televisión estaban autorizadas para operar.

Durante ese año se emitieron 289 resoluciones de sanciones por infracciones advertidas por la Dirección Nacional de Gestión y Control de Radiodifusión y Televisión. Al 31 de mayo de 2012, el número de estaciones autorizadas se redujo a 1.918 (ver gráficos).

La página web de la Supertel muestra el listado de estaciones de radio y televisión con información básica como: nombre de la estación, tipo de frecuencia, nombre del representante legal, números telefónicos, dirección, si es matriz o repetidora, y fecha de inicio y terminación del contrato.

El listado, con corte a enero de 2012, deja conocer las emisoras y cadenas de televisión que tienen tiempo para operar y aquellas que están a punto de que se caduque la concesión.

Duración de las concesiones

La Ley de Radiodifusión y Televisión indica que los contratos entre los dueños de  los medios y el Estado duran 10 años. Aunque el plazo varía cuando se trata de alquiler de  frecuencias.

En ese caso son dos años. En el listado de la Supertel hay varios casos. Cariamanga 980 AM, por ejemplo, es una radio que tiene cobertura en la provincia de Loja. Los 10 años de vigencia del contrato fenecen el 20 de enero de 2013.

Un caso similar atraviesan Caravana TV, en Guayaquil, y Católica Nacional AM y FM, en Quito, cuyos contratos terminan el 19 de noviembre de 2013 y el 21 de diciembre de 2013, respectivamente.

Hay otros casos en que los contratos son para 20 años. Radio Centro FM Stereo 97.7, en Pichincha, y CRE Satelital 560 AM en Guayas, tienen esa condición. En el primer caso, el contrato se suscribió el 16 de octubre de 2000 y termina el 16 de octubre de 2020. En el segundo caso, el contrato se firmó el 6 de julio de 2000 y  acaba el 6 de julio de 2020.

También hay estaciones cuyos contratos -suscritos en la década del 90- superan ese número de años. Por ejemplo, la Corporación Ecuatoriana de Televisión cuenta con un contrato por 30 años, suscrito el  20 de marzo de 1990.

Teleamazonas, en Guayaquil, tiene contrato que firmó el 8 de agosto de 1988 y termina el 8 de agosto de 2012. En el caso de Ecuavisa, su contrato por 10 años feneció en marzo de este año y ya fue renovado.

Ecuador TV y Radio Pública cumplen con un esquema diferente. Por ejemplo, el contrato para la implementación de  la repetidora de Ecuador TV en el cerro El Carmelo, en Carchi, se firmó el 29 de julio del 2011 y concluirá el 20 de julio de este año. Radio Pública 100.9 FM, en Quito, renovó su concesión, luego de que se terminó el contrato de dos años, el pasado 20 de mayo.

Para el Gobierno, la concesión de frecuencias es un tema de debate. Sin embargo, la prioridad es distribuir equitativamente el espectro entre el sector público, privado y comunitario.

Jaramillo agrega que -al momento- se evacúan los procesos de adjudicación de frecuencias que estaban pendientes porque una resolución del ex Conartel estableció que para dar paso a una adjudicación se debe definir primero un nuevo procedimiento.