Contrario a lo que ocurre en Quito, en las comunidades waoranis y kichwas cercanas a los pozos petroleros del bloque 43 no existen marchas a favor o en contra de la extracción hidrocarburífera. No obstante, como en el resto del país, las posiciones son diversas.

Francisco Jipa, presidente de la comunidad kichwa Yanayacu (Orellana), cree que los 154 habitantes del lugar deberían constar entre los beneficiarios directos de la venta del petróleo del eje Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).

Esta comunidad está a dos minutos a pie de la reserva Tiputini y a cuatro horas de la reserva Tambococha y no cuenta con servicios básicos. A criterio de Jipa, el expendio del petróleo serviría para impulsar el progreso del lugar.

Los comuneros de Yanayacu siembran y cazan para su subsistencia, y solo comercializan el excedente agrícola. Quieren capacitación y financiamiento para emprendimientos productivos.

Enkemo Gabamo, vicepresidente del Gobierno Parroquial de Cononaco y miembro de la comunidad waorani Kawymeno (175 habitantes), situada a una hora en canoa de la reserva Ishpingo, también apoya la extracción del “oro negro”

De darse una consulta popular, Gabamo cree que sería injusto que Quito y Guayaquil decidan por ellos

Con ese dinero, el régimen podría dotarles de buena educación, atención en salud y abaratar los costos del desplazamiento fluvial.

La inversión en educación posibilitaría contar con profesionales waoranis en distintas áreas. En atención médica, con el transporte apropiado, se reducirían los tiempos de traslado de los enfermos graves que, actualmente, tardan dos horas y media en llegar en bote a Rocafuerte y ocho horas hasta El Coca.

Los gastos de movilización son onerosos, pues de Kawymeno al Coca (ida y vuelta) se requieren 150 galones de combustible. Un viaje así en la zona bordea los 1.000 dólares, mientras que en la Costa y la Sierra los pasajes interparroquiales e intercantonales son accesibles.

Gabamo está convencido de un cabal cumplimiento del Gobierno Central hacia las comunidades con la nueva redistribución de las utilidades petroleras.

Al contrario, Nereyda Grefa, presidenta de la comunidad kichwa Llanchama (250 habitantes), aledaña a la comunidad Yanayacu, opina que ningún dinero justifica las enfermedades y la contaminación que provocarían los derrames.

A su juicio, las autoridades deberían apoyar el turismo comunitario con asesoría técnica. En su comunidad, por ejemplo, existe un proyecto turístico, pero está incompleto: las cabañas no cuentan con baños y tampoco tienen un plan de “enganche” con operadoras de turismo que les permita un flujo constante de visitantes.

Nereyda no le encuentra sentido a un progreso que vincule la devastación de la selva, porque de aquí en algunos años ya no habrá nada que promocionar.

Penti Baihua, directivo de la comunidad waorani Bameno (110 habitantes) y directivo de la Asociación Ome Yasuní, no está de acuerdo con la extracción en los bloques 43 y 31. Recordó que la explotación de hidrocarburos en la Amazonía ecuatoriana lleva cuatro décadas, sin que eso haya garantizado el desarrollo de las comunidades.

Agregó que la comunidad Bameno, ubicada en el límite de la zona intangible, aún desea compartir su territorio con los pueblos no contactados. Y teme que la explotación de crudo termine con el ecosistema más rico del planeta.