Romina Arteaga, de 32 años, es economista y cuenta con un masterado en Dirección de Marketing y Comercio Internacional, realizado en España. Se ha desempeñado como coordinadora General de Planificación en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Coordinación Política.

Actualmente es subsecretaria de Planificación para la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Destaca y justifica la inversión realizada para acercar los servicios públicos a la población.

¿Qué podemos resaltar en estos 10 años en cuanto a la labor de Senplades dentro del Gobierno nacional?

Esto va más allá del trabajo de la Senplades. La planificación nacional está dividida en dos objetivos: una estrategia para el cambio de matriz productiva y otra para la igualdad y la erradicación de la pobreza. Estos, a su vez, están compuestos de tres grandes ejes: Poder popular y Estado, Derechos y libertades para el Buen Vivir, y Transformación económica y productiva.

Mucho se ha hablado del tema del aumento de la burocracia por la existencia de más ministerios y creo que es importante que se conozca que en 2006 el organigrama, la estructura institucional, era sumamente compleja. Las entidades tenían competencias superpuestas, se duplicaban funciones... Había realmente una ineficiencia.

Para 2007, el Gobierno inició con 204 instituciones y para 2016 tenemos solo 136 entidades públicas, lo que también se ha traducido en eficiencia en el servicio público. Y esto no lo medimos nosotros sino indicadores como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Qué dice el BID respecto de la organización del Estado ecuatoriano?

El BID nos dice que para 2011, el Ecuador, a nivel de América Latina, estaba en el nivel 15 en el índice de servicio público, para el 2015 ya nos encontrábamos en el puesto 6. Hay reconocimientos internacionales de que nos encontramos mejor en cuanto a servicios públicos. El Gobierno no tiene una lógica centralista sino que, por el contrario, ha creído en la conveniencia de descentralizar y que cada Gobierno Autónomo Descentralizado asuma su competencia. Las transferencias para estas competencias se triplicaron en el periodo 2006-2015, pasando de $ 1.162 millones a $ 3.368 millones.

Justamente esta ha sido una de las partes más criticadas de la descentralización porque hacer llegar los servicios a la gente, a las comunidades, implica la contratación de más personal en cada una de estas instituciones.

Así es, implica la contratación de más personal porque se tiene que llegar a cada zona y sector para poder cubrir servicios. Pero hay que tener en consideración en qué áreas lo estamos haciendo. En temas de seguridad, por ejemplo, actualmente contamos con 455 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y 13 Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) con esta lógica de circuitos, distritos y zonas de planificación para que no en todos los lugares haya el mismo tamaño y especificación de infraestructura porque no todos los sectores necesitan un hospital o una unidad educativa grande. A veces, dependiendo de la demanda, necesitas una medida u otra. Y sí, necesitas personal para esas dependencias pero con óptimas condiciones laborales, afiliación al seguro social, entre otros aspectos.

¿Qué hay sobre las dependencias creadas para Guayaquil?

Solo en Guayaquil se están construyendo tres nuevos hospitales: en el Guasmo, inaugurado parcialmente; el del IESS, que se va a inaugurar pronto, y el de Monte Sinaí. Hay que considerar el número de especialistas que estas infraestructuras requieren; desde luego, eso se traduce en un aumento de los servidores públicos, pero eso no necesariamente es malo porque los resultados se reflejan en los índices de acceso a la salud o en educación, en el caso de los planteles. Esta y otras situaciones también han favorecido a una reducción de los índices de pobreza donde el quintil más pobre duplicó su ingreso mensual, entre 2007 y 2016.

¿Qué factores han incidido para que se dé esta reducción de la pobreza?

Dependiendo de cómo midas la pobreza. Cuando uno mide por necesidades básicas insatisfechas, lo que incluye cobertura de agua potable, y otros indicadores como las variables de salud y educación, por ejemplo, pasamos de 16 millones de atenciones en salud, en 2006, a 41 millones en 2016.

El hecho de que mejore el acceso hace que existan mejores condiciones de vida y por consiguiente la gente va saliendo de la pobreza. ¿Cómo puedes trabajar si no tienes salud o educación de calidad?

Sin embargo, hay un tema pendiente en cuanto al acceso a agua potable y alcantarillado...

Sí, existe aún un déficit. En agua potable, el 16,6% no tiene el servicio, mientras que en alcantarillado, el faltante de cobertura es del 35,3%. Pero hay que aclarar una cosa, el alcantarillado y el agua potable son competencia de los municipios y al ser competencias de los municipios no es que desligo la importancia que tienen para el Gobierno nacional. No se puede disminuir aún más la pobreza si estas necesidades no están cubiertas.

El Gobierno ha estado dando créditos, subsidios y pagando parte de los financiamientos. Se está promoviendo la priorización de préstamos encaminados a solucionar estos déficits. (I)