El gobernador de Guayas, Julio César Quiñónez, denunció ayer que supuestos dirigentes de Socio Vivienda 2 (en el noroeste de Guayaquil) tratan de causar desorden en el plan habitacional estatal.   

A inicios de la semana, un grupo de habitantes del sector salió a las calles del sector con pancartas para reclamar obras y bloquearon varios caminos para presionar. El hecho se registró cuando Valentina Rivadeneira, subsecretaria de Educación de la Zona 8, visitaba la zona.

El representante del Ejecutivo en la provincia rechazó la versión que circuló en varios medios, en los que trascendió que ella había sido retenida. “Ella no estuvo retenida. Estuvo explicando la labor que estamos haciendo”, argumentó.  

En ese sentido, enfatizó que investigan a 3 personas involucradas en los desmanes. “Las tenemos identificadas. Aún no sabemos si tienen vínculos con partidos políticos. Vamos a tomar acciones legales”, advirtió.

De igual manera, cuestionó la solicitud de militarización y parqueaderos. El funcionario recordó que allí habitan 3.027 familias que antes vivían en condiciones de riesgo (casas de caña) en la Isla Trinitaria, a orillas del Estero Salado.  “Hoy están en viviendas de concreto, tienen 3 UPC (con 16 policías), motos, patrulleros, cerca del Hospital Universitario”, enumeró.

Con respecto al pedido de la construcción de vías, explicó que el ingreso principal lo hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), cuyo valor ascendió a casi $ 13 millones.  

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), se entregó la ruta y se realizaron trabajos para mejorar el drenaje de aguas lluvias.

“Hemos trabajado en sectores marginados de Guayaquil que han sido desatendidos por la política municipal. Hay temas como las vías que competen al Municipio. El Gobierno intervino por ayudar en emergencia”, acotó Quiñónez. Anunció que seguirán construyendo calles secundarias.

Sobre la supuesta elevación de la tarifa del servicio de energía eléctrica, precisó que los moradores cancelan en promedio entre  $ 7 y $ 8. “Algunos pagan más porque tienen cocina de inducción, cuyo costo se cobra en la planilla”.

Para él, el 90% de lo que ocurre en el sector tiene relación con la responsabilidad ciudadana. Citó el caso de personas que se oponen a los operativos policiales que se efectúan en los barrios. “Hay personas que cometen los delitos y que viven en el lugar. En los últimos días hemos realizado 8 operativos”.

El Miduvi informó que los habitantes ya recibieron un certificado de posesión hasta que el Municipio e Interagua aprueben el proyecto urbanístico.

Según la cartera de Estado, solamente con esa validación se podrán entregar las escrituras. “Pero con o sin escrituras, por tratarse de bonos de vivienda, los moradores deben cumplir con algunas exigencias para mantener este recurso otorgado por el régimen. Por ejemplo, no pueden alquilar ni vender sus casas. Menos cometer actos de delincuencia o atentados a la seguridad pública”, anunció.

De su lado, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, aseguró que por los problemas en Socio Vivienda deben responder los constructores y el Gobierno Central. “El Municipio no tiene nada que ver”.

Pero el burgomaestre, en la cadena radial de los miércoles, se atribuyó las obras de agua potable en el programa residencial. “La red la pusimos nosotros”. (I)

DATOS

Socio Vivienda fue construido por el Gobierno Nacional para suplir la falta de oferta de terrenos con servicios para los más pobres.

El Ejecutivo edificó la vía de acceso al programa habitacional por un valor de alrededor de $ 13 millones.

Las casas en el sector, la mayoría, son entregadas con un Bono de Reasentamiento. A las personas registradas en estos grupos se les exige mínimo un copago de $ 900 (en viviendas entregadas, cuyo valor comercial está sobre 15 mil).

Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se acordaron distintas formas de cancelar, entre las que se incluye el descuento del bono. Además, se edifican los parques y la planta de tratamiento está en funcionamiento. (I)