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El Telégrafo

Una enmienda constitucional es legítima y democrática

02 de noviembre de 2014

Sin duda es un asunto polémico. Y conlleva puntos de vista dispares, pero nadie puede negar o denostar que, como lo dice la misma Constitución, una enmienda a ella es una herramienta absolutamente democrática y legítima.

Sorprende, eso sí, el manejo y hasta interpretación arbitraria del tema con fines estrictamente políticos bajo el manto de un solo asunto, que en realidad es el que le preocupa a la oposición de derechas e ‘izquierdas’: Rafael Correa podría, por esta vía, ser reelegido.

Hasta los juristas más ortodoxos y opositores han señalado que las enmiendas propuestas por el movimento Alianza PAIS no transforman la estructura del Estado, no hay por dónde encontrar esa figura o intención. Y siendo así, la decisión de la Corte Constitucional es válida. Sin embargo, la campaña de ofensas, injurias y burlas grotescas de todos los opositores contra esa institución, sobre todo en las redes sociales, peca de una absoluta intolerancia, con el fin de manipular perversamente a la opinión pública.

De llegar a concretarse esas enmiendas, que solo pueden ocurrir tras dos debates -en un plazo de un año- en la Asamblea Nacional, ¿qué cambia del Estado? ¿Qué elimina o reestructura de lo que hasta ahora tenemos desde la vigencia de la Constitución aprobada en referéndum tras un amplio proceso participativo en Montecristi?

Bajo las reglas democráticas definidas en Ecuador, las enmiendas son válidas porque no están rompiendo ningún procedimiento, mucho menos estableciendo otro sistema político y tampoco un modelo económico o jurídico distinto, de modo que altere dramáticamente lo establecido, que garantiza la vigencia plena de los derechos constitucionales.

Lo de fondo es que a la oposición y ciertos grupos muy interesados en minar un proyecto político, que tiene altas cifras de popularidad y reconocimiento, no les cabe otra opción que torpedearlo, ya que no cuadra con sus intereses particulares y empresariales.

Además, por lo visto y expresado, derechas e ‘izquierdas’ coinciden en un moralismo político extremo, como nunca antes se ha visto en el país. Bajo esa actitud se explica que quienes votaron y hasta hicieron una campaña feroz en contra de la aprobación de la actual Constitución ahora sean sus mayores defensores. Y, para variar, quienes se autocalifican de izquierda y dicen que quieren profundizar los cambios, no desean mover nada, colocan en congeladora toda posibilidad de transformación y se alinean al liberalismo ‘casto’.

En la disputa política lo válido es hablar y actuar con sensatez sin exacerbar fatalismos ni fundamentalismos innecesarios. Si en esa disputa hay que ganar una elección, que sea el pueblo el gran árbitro de la democracia. Quienes no quieren enmiendas deberían presentarse a las elecciones presidenciales y legislativas e imponer sus visiones y proyectos.

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