Los mayores beneficiados de la Revolución Ciudadana han sido y son los jóvenes, y entre ellos los que estudian. De eso no cabe la menor duda, porque las cifras están ahí: la no asistencia a clases en la universidad por motivos económicos se redujo en 18% desde 2007, la incorporación de estudiantes afros e indígenas creció por encima del 20% en el mismo período, la demanda por la educación pública aumentó para este año lectivo de la Sierra en 13%. Solo para el inicio de las clases en la Costa, este año, se invirtieron 84 millones de dólares para reparaciones y adecuaciones. Ahora hay más estudiantes que antes en la educación pública. Es más, en estos años se pudo institucionalizar el sector de la educación garantizando el derecho fundamental del acceso para que no sean solo unos pocos los beneficiados de becas, por ejemplo (hay más de 5.000 estudiantes en el exterior con todo pagado).

En otras palabras: la construcción de escuelas y colegios, las universidades nuevas y los procesos de depuración de aquellas que engañaban y estafaban, aparte de las oportunidades para estudiar en el exterior, son posible solo porque hay un proyecto social y político para transformar la realidad en lo más hondo y no solo para garantizar privilegios a los gremios de estudiantes y profesores.

Todo ese proceso ocurrió a pesar de la resistencia y hasta del boicot de grupos políticos bien identificados.

El movimiento estudiantil, entonces, ha sido testigo y compañero de esa transformación. Ya son varias ‘levas’ de alumnos que viven y agradecen no tener que pagar enormes sumas de dinero para educarse y, para variar, convencidos de que ahora no es un privilegio ir a las aulas.

Por lo mismo, ese movimiento estudiantil, de colegios y universidades públicas y privadas, no solo que tiene derecho a protestar por lo que crea que no está bien, sino que está en la obligación de calibrar hasta dónde todo lo conquistado obedece a los planes y programas planteados desde grupos de supuesta izquierda y desde la derecha que gobernó décadas este país.

Al mismo tiempo, salir a las calles a impedir una supuesta alza de los pasajes, porque afectaría a los padres de familia de esos estudiantes, no se compadece para nada con toda la política de subsidios precisamente para los alumnos, no solo en pasajes.

Entonces, quienes ahora se erigen como defensores de los supuestos estudiantes detenidos por los vandálicos hechos del 17 de mayo, deberían recordarles a esos mismos alumnos de los colegios que protagonizaron los hechos, que están estudiando en mejores condiciones y con muchas perspectivas gracias a un proceso de transformación pensado en ellos y para sus padres, que no tienen que hacer colas para inscribirlos y menos pagar por una educación, ahora sí, de mejor calidad.