Desde que en los años 1990 estalló una crisis de seguridad ciudadana en Guayaquil, las concesiones, en cuanto a derechos se refiere, no dejan de llegar. Por la delincuencia nacieron las ciudadelas amuralladas, no solo en los extrarradios, sino en la misma urbe con la consiguiente afectación al libre tránsito. Surgían rejas o brazos metálicos que impedían el paso al extraño.

En alguna ocasión hasta se intentó privatizar a la Policía. Luego la tecnología trajo las cámaras que ahora lo vigilan todo, incluidos trabajos, escuelas, centros comerciales, hoteles, parques, restaurantes.

Desde finales del año pasado dos hombres no pueden circular en moto en la noche en Guayaquil. Todo ello por la seguridad; bajo ese principio se sacrifica comodidad por una sensación de seguridad, de protección.

Y ahora los parques cerrados. ¿Qué guayaquileño no ha estado en la Corte Provincial de Justicia o la Casa de la Cultura y ha atravesado el Parque Centenario para llega al otro lado de la 9 de Octubre?

Eso ya no se puede hacer porque de las cuatro puertas que había solo una queda abierta. Lo mismo ocurre en el Parque Seminario, convertido en ícono turístico de la ciudad por sus iguanas y la tradicional pérgola. Los visitantes solo pueden ingresar por la calle 10 de Agosto.

El pretexto es la seguridad del ciudadano. Pero la pregunta es hasta dónde vamos a llegar basados en esta justificación. Nadie desconoce el problema pero dos lugares emblemáticos están cerrados; las personas nunca podrán apropiarse de esos espacios porque sencillamente no ingresarán.

El parque es el sitio de encuentro, el lugar de distracción, de esparcimiento. Esas son necesidades ciudadanas que ahora se satisfacen en otro escenario: en los centros comerciales. Y esa es una verdadera tragedia porque en la práctica el espacio público ha quedado privatizado.

La Columna de los Próceres lucirá solo como un bello adorno de la 9 de Octubre, pero acudir hasta sus bajos será muy difícil. (O)