Por lo visto, algunos alcaldes -no más de dos docenas- quieren una administración cómoda, con fondos del erario del Estado central y casi sin ningún conflicto con sus vecinos, sectores sociales y económicos, y mucho menos con los gremios de transportistas.
Todos los alcaldes y prefectos reunidos esta semana en Guaranda saben que, más allá de sus anhelos políticos, hay ciudades y poblaciones que esperan respuestas urgentes a problemas históricos. Y no es menos cierto que los recursos económicos son escasos, las demandas sociales son altas y permanentes. No se trata ahora de quejarse de la existencia de competencias para una gestión autónoma sino de entender hasta dónde esa nueva realidad obliga a varias tareas, no siempre populares y mucho menos de aceptación inmediata de la población.
Por muchos años se habló de autonomías y descentralización. Ahora que el Cootad existe y norma muchas cosas para hacer efectivo ese anhelo, parecería que esos alcaldes y prefectos prefieren que el Estado central sea el mismo de siempre: un benefactor indirecto para aupar la popularidad de las autoridades locales.
La autonomía es, ante todo, un ejercicio de responsabilidades públicas, de tareas colectivas con la ciudadanía, pero sobremanera un enorme trabajo de planificación, que incluye la recaudación de impuestos, como ocurre en muchas partes del mundo. ¿Acaso los alcaldes que lucharon ‘toda la vida’ por la descentralización, por acabar con ese ‘monstruo llamado Estado central’, ahora quieren un flujo directo de recursos para financiar obras y planes? ¿No quieren lidiar con los choferes, pero sí tener plata para aceras y bordillos, como ocurría antes? ¿Las competencias municipales no son precisamente para aterrizar en los territorios la solución a todos aquellos problemas que no deben ni pueden estar en el Estado central, el cual debe concentrarse en los problemas estructurales del país?
La reunión de Guaranda, por sus integrantes y discursos, no tiene por ningún lado un aliento a favor de la descentralización. Y los doce puntos acordados revelan que hay una estrategia mal fundada en perspectivas políticas muy claras.
Ecuador necesita alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales trabajando junto a su comunidad para resolver colectivamente problemas reales, y eso implica un costo político. Y si eso conlleva apoyo y popularidad por hacer bien las cosas, la comunidad es la única beneficiaria y será la que ratifique a esas autoridades en sus cargos y legitimidades.
Por ahora, el debate va más allá de si se quiere o no asumir el costo político de fijar nuevas tarifas para el transporte. Ahora es evidente que se quiere cuestionar a la misma Constitución y a las leyes y normas que garantizan la descentralización y contribuyen a una desconcentración de la administración pública en general.
