Algunos moradores del Valle de Tumbaco temen ser desalojados de sus viviendas. Aunque la mayoría tiene escrituras legalizadas de los predios, dijeron que se acercaron a sus domicilios personas que aseguraron son las legítimas propietarias.

María Peñaherrera, representante del barrio Tolita La Cantarilla, contó que los presuntos dueños, con escrituras en mano, dijeron que para no desalojarlos deben pagar $ 35 mil por cada lote. Ella tiene escrituras con las que demuestra que sus abuelos compraron los terrenos en 1940.

“Somos gente pobre, deben dejarnos vivir tranquilos. Nosotros tenemos escrituras legales”, comentó José Rodríguez, habitante de Olalla, quien aseguró que vive en su predio hace 50 años.

La abogada Gabriela Dávila, vocera de una parte de la población afectada, explicó que es un conflicto jurídico que tiene algunos años en proceso y afecta a miles de moradores de Tumbaco.

Todo inicia -dijo la jurista- con una escritura de compra- venta que data de 1904 a nombre de Alejandro Grijalva. Él y su esposa Rosa Durán adquirieron el fundo denominado Rumihuaico de 1.650 hectáreas, que hoy sería cerca de la mitad del Valle de Tumbaco.

Con la muerte de Grijalva se convierten en propietarios sus ocho hijos y su esposa. Sin embargo, ellos en 1917 adjudican todo el fundo a Víctor Peñaherrera para saldar una deuda.

El conflicto ocurre años más tarde, cuando las hijas de uno de los herederos celebran un contrato de compra-venta de los terrenos como si fueran las dueñas, todo en base a la escritura inicial de 1904.

Los habitantes y otras personas más dicen que son dueños de los predios, todos tienen escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad. Pero, las herederas y otros supuestos propietarios tienen resoluciones judiciales en las que son declarados legítimos dueños.

Según Dávila, en el territorio en conflicto constan 50 predios municipales, 13 iglesias, el estadio del Valle de Tumbaco, escuelas, mercados, parte de la Ruta Viva, viviendas privadas y más.

Édgar Coral, representante legal del barrio Los Pinos, también afectado, explicó que los derechos están por encima de la norma y deben prevalecer en este caso. Agregó que los moradores tienen derecho a defenderse y no los deben desalojar. (I)