Los procesos de compra pública han generado un ahorro de $ 2.970 millones

“No hay mejor ahorro que una buena inversión”, es la aseveración ratificada por el presidente Rafael Correa. La efectiva inversión de los recursos públicos se ha garantizado con la creación del Sistema Nacional de Contratación Pública, bajo tres pilares: una Ley Orgánica, una institucionalidad definida y el Sistema Oficial de Contratación del Estado.

La aplicación de políticas económicas, productivas y de corte social implementadas desde la contratación pública desmiente un supuesto exceso de gasto público, como asevera la oposición. Con la compra pública el ahorro es de “retorno social y productivo” y eleva la calidad de vida de los proveedores del Estado, combate la pobreza, redistribuye recursos e industrializa el país. 

El diseño institucional sólido de contratación pública, creado en el Ecuador, cuyos referentes fueron tomados de los sistemas más modernos del mundo, ha permitido estandarizar las reglas de juego con la definición de procesos, precios referenciales, especificaciones técnicas, modelos de pliegos y contratos para las cinco funciones del Estado, los cuatro niveles de gobierno, universidades, empresas públicas y seguridad social.

Un total de 285 mil proveedores negocian con 7 mil entidades públicas en una misma plataforma tecnológica. El Estado gana en eficiencia  al implementar procesos que promueven la libre competencia entre proveedores que presentan sus mejores precios para un mismo nivel de calidad.

De 2009 a marzo de 2017 se registró un ahorro de $ 2.970 millones para los ecuatorianos. La implementación de procesos electrónicos, transparentes y participativos, ha permitido que en cada procedimiento de contratación exista un promedio de cuatro participantes, y que los precios a los que accede el Estado sean 25% inferiores a los originalmente presupuestados por las entidades contratantes. 

Antes de la creación de este sistema, la adquisición de los bienes y servicios tenía un precio 30% superior al presupuestado por las entidades del Estado.

Se ha generado una política agresiva para favorecer la producción ecuatoriana con lo que, en principio, cables, transformadores, bombas, válvulas, ascensores, tubos con y sin costura, camas eléctricas, reactivos, varillas, tableros y herrajes se compran a la pequeña y mediana empresa, lo que evitará la salida de $ 370 millones, hasta el 2018, y se promoverá la fabricación local de estos productos.

Es el caso de Keyco, primera empresa de ascensores del país. Karel Espinoza, gerente general, aseguró que ser proveedor del Estado “es una ventaja mutua porque los costos son mucho mejores que los del historial de las compras de años anteriores y para las entidades hay un ahorro”. Keyco genera encadenamientos productivos pues compra vidrio, espejos y acabados de madera a productores ecuatorianos.

Martín Dalmau, gerente general de Conelsa, productora de cables y conductores eléctricos, sostiene que las inversiones que el Estado efectúa en la industria nacional son un paso crucial hacia el ahorro. “Es difícil generar industria solo con productos importados”. En 2016, para la compra de conductores eléctricos se invirtieron $ 9’697.598, con un ahorro de $ 4’386.634.  

Desde la compra pública, además, se robustece la oferta de bienes y servicios de la Economía Popular y Solidaria, micro, pequeñas y medianas empresas, grupos que pasaron de 1.500 productos ofertados al Estado en 2015, a 6.000 en 2016.

“Nos quieren transmitir la idea de que el gasto público es un indicador de la calidad de las políticas económicas: menor gasto público, mejor política económica. Eso es pura ideología. Dinamarca, uno de los países más desarrollados del mundo, tiene 55% de gasto público con relación al PIB; Sudán, uno de los países con menor desarrollo humano, tiene 12% de gasto público”, expuso el presidente Correa en su Conferencia Magistral, en honor al profesor Werner Baer, “Economía para el desarrollo: la experiencia  ecuatoriana”, el 29 de marzo.

Con esta lógica también coincide uno de los máximos referentes de la  economía del desarrollo, Ha Joon Chang, quien aseguró, en sus conferencias en Quito, que “la gente que sugiere que Ecuador debe recortar el gasto público para reducir la deuda pública en la situación actual, no solamente carece de conocimiento de las teorías económicas, sino también de cómo funciona el mundo real”.

Evitar la intermediación genera ahorro

La compra pública elimina las prácticas de concentración e intermediación que elevan los costos de un bien. Existe relación directa entre el Sercop y el  productor o artesano. En 2016 la coordinación Zonal 3 del Ministerio de Educación adquirió pupitres para 3 años de educación General Básica, y de Bachillerato por $ 890 mil, dinero que va directamente para artesanos de la Economía Popular y Solidaria.

Bolívar Núñez, artesano metalmecánico de Tungurahua, fabrica mobiliario escolar. Está convencido de que los artesanos se han beneficiado con la contratación pública. “Uno se ve obligado a mejorar la maquinaria y dar trabajo a más gente. Pensamos que en esas mesas se sentará un niño que será el futuro Presidente, y eso nos incentiva a entregar productos de primera calidad. Nos regimos a las especificaciones del ministerio”.

El catálogo del sector eléctrico ha permitido eliminar la intermediación en los servicios de corte, reconexión, lectura de medidores, desbroce; así como el desarrollo de la industria ecuatoriana en productos como luminarias, postes, cables y transformadores. Ahora, más de 900 proveedores en todo el país reciben contratos directamente con las entidades y generan un ahorro, promedio, del 30%. La producción nacional de bienes para este sector está potenciando el desarrollo industrial de provincias como Tungurahua y Guayas.

Otro ejemplo está en el sector de transporte. Oswaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional (Fenatei), enfatizó que la vigencia del catálogo ha traído mejoras: “la compra pública estaba en manos de pocos y no llegaba a los verdaderos transportistas”. El catálogo permite que las cooperativas sean las instancias que gestionen los contratos para sus integrantes. (I)