A propósito de las reformas al Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, efectuadas mediante el Decreto Ejecutivo 1218, Patricio Rivera, ministro Coordinador de Política Económica, explicó a EL TELÉGRAFO algunos detalles de la deuda pública y sus formas de registro.

¿Qué implica que la deuda pública sea calculada con el manual del Fondo Monetario Internacional?

Las normas internacionales están diseñadas para facilitar la comparación estadística entre países y para que esa comparación no se dificulte por los arreglos administrativos que se efectúan al interior de cada país. Básicamente, los manuales postulan a la ‘deuda consolidada’ como estándar, especialmente para comparar la relación entre endeudamiento y el Producto Interno Bruto (PIB).

Para entender ese concepto con un ejemplo hipotético, supongamos que el Gobierno Nacional tiene ingresos por $ 10.000 millones, el 21% de los cuales es transferido a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). En las estadísticas agregadas, donde se ‘netean’ las cifras, la transferencia a los GAD no es considerada como otro ingreso porque hacerlo implicaría contabilizar $ 2.100 millones dos veces. Este mismo procedimiento se usa con la deuda.

El Decreto 1218 plantea utilizar las normas internacionales para la  contabilidad relacionada con todas las instituciones del sector público. Por eso, mientras la estadística de ‘deuda agregada’ suma todo aquello que duplica registros, la estadística de ‘deuda consolidada’ netea las transferencias y pagos que hay al interior del sector público.

Si la deuda agregada llega a unos $ 38.000 millones, ¿a cuánto asciende la deuda consolidada?

La deuda consolidada equivale a 26,6% del PIB. Pero, para evitar las distorsiones frecuentes generadas por la oposición, los análisis de deuda deberían considerar tres cosas: cuánto debemos, cuánto cuesta y en qué se utilizó la deuda.

Durante el gobierno de Rafael Correa, la deuda incrementó el 3,7% del PIB. Básicamente, el endeudamiento público interno aumentó al interior del sector público, es decir, el sector público vendió inversiones por un 5,9% a otros entes públicos. El aumento obedece a lo que hicimos y que ningún otro gobierno previo hizo: pagar obligaciones con otras unidades del Estado. Por ejemplo, nos pusimos al día en las deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que venían arrastrándose desde 1985.

Esto le permitió a la seguridad social tener más liquidez para poder colocar mayor cantidad de préstamos quirografarios e hipotecarios. El capital que el Biess no colocó en créditos, lo hizo en títulos del Estado cuya rentabilidad -que oscila entre el 8% y 9%- le genera más recursos para atender las pensiones de los jubilados en el futuro.

Según los últimos datos, ¿cuánto adeuda el Gobierno Nacional a otras instituciones públicas?

En términos generales, $ 8.000 millones en inversiones del IESS y entre 1,5% y 2% del PIB en inversiones de la banca pública.

¿Cuánto cuesta el endeudamiento?

Por las distintas fuentes de financiamiento, Ecuador colocó deuda a tasas de interés que van  de 1,5% a 10,5%. Esto es así porque la deuda con tasas de 1,5% tiene un límite pues proviene de organismos multilaterales (...) Hoy, la deuda cuesta 5,6% como promedio ponderado. Antes de este Gobierno, el costo de la deuda externa e interna era 7,3% en 2006 y, en la época de Mauricio Pozo era 6,2%. Es mentira que la deuda es más cara. Obviamente, en ciertas coyunturas hay operaciones que son más onerosas.

¿Es cierto que Ecuador deberá pagar más de $ 3.300 millones en servicio de deuda desde 2017?

Gracias a la deuda pública y a los ingresos petroleros y tributarios, el Gobierno Nacional realizó inversiones que le ahorran al país miles de millones y que permitirán pagar todos los flujos de deuda.

A partir de 2017 esos ahorros llegarán a $ 3.600 millones anuales y provienen de los ahorros logrados por optimización de la justicia ($ 138 millones), control de inundaciones ($ 247 millones), hidrocarburos ($ 371 millones), compras públicas ($ 334 millones), hidroeléctricas ($ 1.200 millones) y productividad ($ 1.300 millones).

El pago anual de todos los intereses de la deuda del Gobierno Nacional asciende a unos $ 1.900 millones. Por eso, los ahorros generados permitirán cubrir lo que  invertimos y, también, pagar lo que recibimos como deuda en 2006.

¿Las modificaciones contables borran la deuda con el IESS?

Esa afirmación es irresponsable. La deuda con el IESS es parte de los pasivos del Ministerio de Finanzas, está debidamente contabilizada y sigue pagándose al día con un excelente rendimiento.

¿Se abre la posibilidad para adquirir deuda por $ 11.000 millones para la refinería?

Dado que la deuda consolidada llega a 26,6% del PIB y el límite para el endeudamiento es el 40% del PIB, la diferencia podrá ser utilizada por los próximos gobiernos. Sin embargo, se debe dejar en claro que, en materia de deuda pública, Ecuador ha efectuado transformaciones significativas desde 2008. La principal tiene que ver con que la deuda solo puede ir a programas o proyectos de inversión.

La oposición plantea un pacto para desconocer la deuda que contraiga el gobierno de Correa durante sus últimos meses. ¿Qué opina?

La oposición ha tratado de desconocer todos los avances sociales realizados porque no les conviene. Seguramente, querrán hacer lo mismo con la deuda. Ante esa posibilidad, la respuesta es: ‘señores ganen las elecciones’. Para eso existe un proceso democrático.

¿Por qué no se registra como deuda a los títulos valor con plazo de vencimiento de hasta 360 días?

Los Certificados de Tesorería (Cetes) sirven para gestionar la liquidez intra anual y no para obtener financiamiento. Ni las recaudaciones tributarias ni los gastos fiscales son homogéneos en todos los meses. Por eso, para fondear la caja fiscal, se utilizan títulos valores a corto plazo cuyo objetivo es enfrentar una necesidad de liquidez. Su gestión implica incrementos en unos meses y decrementos en otros. Por eso, esos títulos no se registran como deuda. El endeudamiento público tiene otra lógica: hacer proyectos de inversión a largo plazo.

¿Se podría sostener que el mayor problema del próximo gobierno será la deuda y que eso lo obligará a ajustes dramáticos?

En el futuro, el principal reto de la economía ecuatoriana será el manejo del sector externo porque, debido a la dolarización, Ecuador no tiene instrumentos monetarios para gestionar los shocks externos. La magnificación de la deuda es parte del discurso que la oposición utiliza para legitimar su programa de gobierno.

Como puede apreciarse en el libro ‘Consenso Ecuador’, publicado por la Cámara de Comercio de Quito, ese programa consiste en menos impuestos para los ricos, más impuestos para la clase media porque se eliminarán las deducciones al Impuesto a la Renta y más precarización laboral porque siempre equilibran la economía con garrotazo a los más pobres. (I)