5.424 familias obtuvieron empleo por cofinanciamiento de iniciativas productivas

En 3 años la Asociación de servicios en alimentación, limpieza, albañilería y costura Patria del Buen Vivir (Asopatvir) cuadriplicó sus socios. De 20 miembros fundadores pasaron a ser 80 personas las que trabajan en diferentes áreas.

El administrador de la asociación ubicada en Chillogallo (Quito), Jorge Villagómez, expresa que la idea de constituir la organización hace 4 años fue convertirse en una  fuente de ayuda a desempleados.

“Del total de personas asociadas 20 son hombres y el resto mujeres que antes no tenían ingresos económicos sostenibles para atender a sus hijos y familia”.

En la misma línea de emprendimiento, Jeakeline Quishpe y su esposo, Herwig Bellemans, vieron en  la agricultura una oportunidad de crecer, cuando en 2005 adquirieron una finca de 7 hectáreas (ha) en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Desde ese año el terreno fue utilizado para cultivar productos 100% orgánicos, pero fue en 2012 cuando La Huerta de Ina enfocó sus empeños en convertirse en una pequeña empresa que al día de hoy dispone de 80 tipos de cultivos exóticos, como mango fino, borojó, maracuyá, pimienta de dulce, jackfruit, pomarrosa y arazá.

Con la materia prima se elaboran más de 65 tipos de sabores de mermeladas mixtas, además de siropes, arropes, harinas, sales marinas, condimentos puros, chocolate artesanal, galletas de plátano, entre otros productos innovadores.

La principal forma de llegar a los consumidores, cuenta Quishpe, es mediante ferias y mercados agroecológicos. De acuerdo a la temporada, en cada una expende hasta
$ 300 en productos, además de la comercialización directa con clientes, entre ellos un supermercado.

El modelo económico popular y solidario, reconocido en la Constitución, es una forma de organización económica que prioriza al trabajo y al ser humano por encima del lucro y fomenta el bien colectivo por encima del interés individual.

El director del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria  (IEPS), José Antonio García, explica que los principales emprendimientos en el país están orientados al área textil, agrícola, industrial y de servicio, ya sea de limpieza o alimentación.

Añadió que el año pasado

$ 5’559.164,38 fueron invertidos en cofinanciamiento de iniciativas productivas a través de Créditos de Desarrollo Humano (CDH) que han beneficiado a más de 5.424 familias.

Además, más de $ 2 millones fueron destinados en cofinanciamiento para iniciativas productivas en las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado, en las zonas de Manabí y Esmeraldas.

El director del IEPS recalca que la entidad trabaja en el fortalecimiento de los actores, el fomento productivo y el aceso a mercados.

Bajo esas directrices, en 2016 se capacitó a 46.000 personas pertenecientes a 853 organizaciones, mientras que 1.514 unidades participaron en más de 1.300 eventos de formación.

Desafíos productivos

Roberto Palacios, profesor de la Escuela de Negocios de la Espol (Espae), señala que los retos productivos apuntan al acceso de mercados a través de una planificación y financimiento. “Si se trata de exportar se requiere tiempo para recuperar el capital, si no tiene un financiamiento paciente no puede ser exitoso y tendrá un problema de iliquidez”.

Como segundo punto anota el mejoramiento de la calidad. “La vía más expedita es utilizar los sistemas de estandarización y normalización, que deben alcanzar un estado de madurez de los productos”.

Con ello coincide el director del Área de Gestión y del Observatorio de la Pyme de la Universidad Andina Simón Bolívar, Wilson Araque, quien menciona que las organizaciones tienen el reto de mejorar la calidad del trabajo que realizan.

“Es muy importante que se preocupen por conocer qué es lo que demandan los clientes que piden los productos, si los productos satisfacen o no las expectativas”.

Además, señala el componente de innovación y fortalecimiento de las prácticas asociativas. “Para poder competir en un mercado cada vez más difícil, la clave es que se unan y generen espacios para aprovechar oportunidades, como el Acuerdo con la Unión Europea”. (I)

La EPS abastece con el 64% de la canasta básica

El próximo jueves 19 de enero el pleno de la Asamblea votará el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria (EPS) que busca consolidar este modelo de desarrollo para erradicar la pobreza y desigualdad.

El presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto, Virgilio Hernández (foto), explicó que en estos días se analiza las propuestas presentadas por los legisladores durante el segundo debate, realizado el miércoles pasado.

“La norma reemplazará a la Ley vigente con el fin de dar impulso al sector asociativo, cooperativo y comunitario, además, clarifica la institucionalidad del sector”, según Hernández.

En el proyecto se mejoran las medidas de fomento, incentivo, promoción y se da mayor vinculación con las políticas públicas.

Los gobiernos autónomos descentralizados impulsarán actividades de promoción y fomento de los productores y comerciantes de la EPS.

Existen disposiciones para apoyar las actividades de turismo, agropecuarias, forestales, de seguridad y servicio de salud; nuevas acciones para la protección del trabajador autónomo y comerciante minorista; incorpora el enfoque de movilidad humana; genera incentivos para programas de autoconstrucción y eliminación de requisitos para poseer un terreno y constituirse en cooperativa de vivienda.

Las cajas y bancos comunales serán autorregulados de manera concurrente con otras instituciones del Estado.

Entre otras cosas, señala que el Ministerio de Relaciones laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), debe regular en un máximo de 180 días un régimen de trabajo solidario, que salvaguarde los derechos del trabajador y reglamente la corresponsabilidad de los asociados.

Hernández señaló que la EPS representa el mayor porcentaje de la población económicamente activa y abastece con el 64% de la canasta de productos alimentarios a los hogares. (I)

Sector financiero realizó más de 55 mil operaciones

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), entidad  al servicio de las organizaciones del sector financiero popular y solidario (OSFPS), entre enero y noviembre de 2016, colocó $ 100’052.718 a través de 55.838 operaciones de crédito, con un promedio de $ 1.792 por cada una.  

Los datos fueron mayores a los producidos entre enero y noviembre de 2015, período en el cual la colocación fue de $ 93’079.520 en 50.436 operaciones.

El director general de la Conafips, Geovanny Cardoso, explica que estos resultados se lograron, pese a la recesión económica que también afectó al sector popular y solidario compuesto por cooperativas de ahorro y crédito comunales, bancos comunales, mutualistas y organizaciones no gubernamentales.

Agrega que las organizaciones lograron mantener la oferta y no disminuir en su colocación de crédito.

“El factor que explica esta mayor oferta es que logramos adecuarla a las características de las demandas de las cooperativas y estas a las características de los emprendedores. En el caso de Manabí ampliamos el plazo del crédito hasta 5 años, o 36 meses cuando antes el promedio era 18 meses”.

Cardoso menciona que en este año se prevé incrementar  la cartera de crédito de la Conafips en 50%, es decir, en aproximadamente $ 50 millones a
largo plazo. (I)