En Quito, los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), como son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, acordaron hacerle frente a la minería ilegal, por afectar al desarrollo social, humano y ambiental.

Esta decisión la adoptaron luego de cuatro días de intensos debates, desarrollados la semana pasada sobre el tema, en el marco del seminario internacional de intercambio de información para el control de la minería ilegal.

Se planteó que se debe enfrentar de forma cooperativa y coordinada las amenazas a la seguridad, los recursos naturales, al medio ambiente y a la salud humana.

Reforzar los controles y la vigilancia  respecto a la importación, exportación, transporte, comercialización de minerales producto del trabajo ilegal, así como de maquinarias, equipos, insumos e hidrocarburos utilizados en esta actividad, sin sus correspondientes autorizaciones mineras y ambientales.

Además, debe existir el firme compromiso de las autoridades de apoyar en el desarrollo económico y el bienestar de los habitantes de la CAN, con asentamiento en las zonas de desarrollo minero.

Esto para que no entren a laborar en otras actividades ilícitas conexas que tienen que ver con “trata de personas, lavado de dinero y narcotráfico”, anotó Ernesto Raez Luna, vocero del Ministerio del Ambiente del Perú.

Pero este mal solo se podrá combatir en la región, realizando operativos coordinados y conjuntos de frontera, acotó Julio Guereca, director nacional de Seguridad Fronteriza de Bolivia.

“Para ello se debe trabajar en identificar a quienes participen en grupos u organizaciones que actúan al margen de la ley para realizar minería ilegal y delitos conexos”, refirió Guereca.

En Colombia, esta situación se mezcla con el fenómeno criminal, según  Santiago Parra, director de Carabineros y Seguridad Rural.

“Esta actividad está financiada por los agentes generadores de violencia, la subversión y bandas criminales, a las que el Gobierno de Colombia apunta a desarticular”, manifestó Parra.

En Ecuador, con la Ley Minera y la Ley Ambiental, ya se inició un proceso de regulación de los pequeños mineros y mineros artesanales, para sacarlos de una actividad ilegal, indicó la viceministra de seguridad interna, Gloria Palastri.

“Se les ha comprometido a estos mineros a ser cuidadosos del ambiente, a no hacer uso de mercurio, para no contaminar los ríos y cumplir con los procesos de reforestación”, indicó la funcionaria. Así mismo  anunció que los pequeños mineros están en procesos de capacitación e inserción laboral segura.

De su parte, el viceministro de Minas, Federico Auquillas, anunció que los mineros tendrán una tarjeta de identificación para que puedan vender el mineral directamente al Banco Central del Ecuador, organismo que les pagará el precio justo.

No obstante, las delegaciones esperan que este documento sea promovido como iniciativa comunitaria en la próxima reunión Río+20.