El incremento anual del precio de los combustibles, la devaluación del sucre, la aprobación de leyes especiales dirigidas a sectores productivos y el aumento en las tarifas eléctricas eran las medidas que se tomaron entre 1983 y 2003, como parte de los acuerdos entre el Gobierno ecuatoriano y los organismos multilaterales de crédito, los cuales marcaron la historia de la deuda externa ecuatoriana.

Según el informe presentado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), los créditos y programas financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Corporación Andina de Fomento (CAF) se caracterizaron por imponer políticas neoliberales basadas en cambio del rol del Estado y el traspaso de sus recursos, infraestructura y servicios al sector privado, con el fin de garantizar el pago de la deuda externa.

Estos créditos se utilizaron también para el financiamiento de garantías colaterales de obligaciones emitidas en el Plan Brady (que fue una estrategia adoptada en 1989 para reestructurar la deuda contraída por los países en desarrollo con bancos comerciales).

En la década de 1980, el FMI impulsó programas de estabilización macroeconómica y ajuste estructural detallados en sus cartas de intención, con el fin de garantizar el pago de la deuda externa y, a su vez, introducir las políticas neoliberales.

“Situación que tuvo un cambio radical en 2007, con la presidencia de Rafael Correa, que al inicio de la gestión ordenó una auditoría de la deuda, a la cual calificó de ilegal, sugirió no mantener relaciones con el FMI, entre otras acciones”, manifestó DiegoBorja, exministro de Economía y extitular del BCE.

El exfuncionario del actual régimen señaló que los condicionamientos de los organismos de crédito tenían vicios de anatocismo, ilegalidad e ilegitimidad, lo que dio como resultado el retiro de los bonos 2012 y 2030, por parte del Gobierno.

Sin embargo, en los últimos años, el país ha buscado nuevamente acercarse a los organismos internacionales de crédito, cuando el Banco Mundial anunció la entrega de $ 1.000 millones, el intercambio de oro por $ 400 millones y, en días pasados, la colocación de $ 2.000 millones en bonos en el mercado libre de capitales internacionales.

De acuerdo a Borja, el ‘viraje’ que se ha dado en este tema es algo que pudo evitarse si se mantenía la voluntad política de llevar adelante la nueva arquitectura financiera regional, que era un espacio en donde los países de la región iban a tener mejores oportunidades que las que ofrecen los organismos de crédito internacionales.

El analista económico Roberto Palacios se mostró en desacuerdo con ciertos expertos que hablan de que el país ha vuelto a fijarse en los multilaterales de crédito por la colocación de $ 2.000 millones en bonos.

Aseguró que en estos negocios intervienen personas, entidades, fondos de inversión que ven una oportunidad de invertir en el país. “Esta apertura de Ecuador es buena porque de esta manera no se depende de una sola fuente, sino de distintas fuentes”, agregó Palacios.

El analista calificó de positiva la decisión del Gobierno porque el dinero que se está recibiendo es para financiar una importante infraestructura en energía, carreteras, telecomunicaciones y los inversionistas ven que, a futuro, habrá capacidad de pago y que el riesgo de incumplimiento es inferior.

Deuda multilateral

Según datos estadísticos, elaborados por la Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa (Ceidex), Ecuador contrajo 286 créditos con organismos multilaterales en el período 1976-2006, constituyendo el 42% de los préstamos contratados. Mientras que 386 créditos de gobiernos, bancos del exterior, emisiones de bonos y proveedores, cubren el 58% restante del número de préstamos contraídos.

De acuerdo al Ministerio de Finanzas, hasta abril del presente año la deuda multilateral (con organismos internacionales) que mantiene Ecuador es de $ 5.921,1 millones.