El Programa Económico empezó a partir de una evaluación de los problemas de elementos presupuestados con ingresos que, al final del día, no podían ser cubiertos en su totalidad.  

La primera explicación de los ejes y medidas la dio ayer la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, quien aseguró que “era obvio que no podíamos realizar algunos” de los aspectos estimados inicialmente.

Ella se concentró en el eje de estabilidad y equilibrio fiscal, el cual se sustenta en generar ingresos vía eficiencia del sector público.

Por otra parte, aseguró que en cuanto a la deuda pública se trabaja para, en la medida de lo posible, no elevar el techo presupuestario sino evaluar cuál es el mejor uso de las fuentes de financiamiento a disposición del Gobierno.

Viteri dedicó varios minutos a replicar los comentarios de analistas que la han cuestionado. Dijo que se trata de gente “mal intencionada”, pues su decisión de declarar en ‘default’ a una parte de la deuda pública en 2008 no perjudicó al país.

Para Rosa Matilde Guerrero, exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el programa propuesto por el Gobierno “va en la dirección correcta”.

Lo dijo en el sentido de que el crecimiento económico no puede ser sostenido por un esquema de gasto ineficiente, deuda cara a plazos cortos y, consumo, sino en mejoramiento de la productividad y competitividad de las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas.

Entre las principales metas económicas está disminuir el déficit fiscal de 5,64% en 2018 a 2,47% en 2021.

“Es un avance, pero claramente me parece que podría ser insuficiente, pues el déficit fiscal es muy amplio con casi el 6% del PIB”, opinó Guerrero, quien también es integrante del Foro de Economía y Finanzas Públicas.

Desde otra perspectiva, Pablo Dávalos, miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, las medidas tienen un corte neoliberal con contradicciones de tipo técnico y macroeconómico.

“El Gobierno dice que va a disminuir el déficit al 2,47%, pero esto no es real porque significaría que va a disminuir el ritmo de deuda en un contexto donde no tiene fuentes alternativas de liquidez”, cuestionó Dávalos.

EL TELÉGRAFO intentó obtener la reacción del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, pero no hubo respuesta. Días atrás declaró que el país enfrenta una “situación crítica”.

La optimización de gasto público y el plan de inversiones serán explicados por las autoridades los días 10 y 17 de abril. (I)

Ecuador renegociará la deuda con China
El Gobierno pondrá en práctica una estrategia integral de manejo de la deuda pública, la cual está dividida en tres fases, de acuerdo a los tres tipos de deuda externa.

Lo primero es mejorar el relacionamiento con organismos multilaterales para incrementar los cupos en función de mejorar los flujos netos.  

“Que nuestros pagos, amortizaciones y servicios sean menores a lo que recibimos de los multilaterales”, explicó María Elsa Viteri, quien señaló que no solo se busca deuda barata sino condiciones favorables.

El segundo tramo corresponde a la deuda bilateral. Lo principal será sentarse a negociar con China, que es el Gobierno acreedor más fuerte del país.

“No me voy a dejar de sentar con los chinos si eso hace posible que negocie favorablemente ese tramo de la deuda a favor del bienestar de los ecuatorianos”, insistió la Ministra.

El tramo de deuda comercial (bonos) “es la que menores opciones tiene”, sin embargo se ejecutará un manejo de pasivos y operaciones estándar.

A enero de 2018, la deuda multilateral asciende a $ 8.431,3 millones; bonos Brady, Global y Soberanos, más proveedores $ 16.542 millones; mientras que la deuda bilateral y a bancos se ubica en $ 9.846,7 millones.

De este último rubro, las obligaciones con China suman un total de $ 7.588 millones.

Viteri esquivó las preguntas relacionadas a si el Gobierno hará algún cambio al límite legal de endeudamiento. Al respecto se limitó a decir que se realizará un proceso para definir qué debe ser considerado deuda. (I)

La deuda consolidada con la que se mide el nivel de endeudamiento abarca un 34.3% del PIB; el límite legal permitido es de hasta el 40%. Foto: Archivo / El Telégrafo

Incremento de tasas de aranceles durará un año
La elevación de aranceles para un máximo de hasta 375 subpartidas será temporal y durará alrededor de un año.

Viteri dijo que la decisión de qué bienes tendrán mayor carga arancelaria, dentro de los límites de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la tomará el Comité de Comercio Exterior (Comex) y se aplicará dentro de las próximas semanas. Por esta vía el Gobierno aspira a recaudar $ 288 millones. Tendrá efecto mientras se concreta el proyecto de valoración efectiva de las importaciones que generará alrededor de $ 255 millones.

La Ministra explicó que el Comex incluso puede determinar la elevación de aranceles a un menor número de partidas y por un tiempo más corto y que todo dependerá de los resultados del proceso de valoración de bienes importados. La medida se aplicará a bienes de consumo, no se afectará materias primas, bienes de capital y no se discriminará por el origen de los productos, aseguró.

A criterio de Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), esto podría encarecer la producción y la competitividad de las propias exportaciones. “La propuesta es un cambio en la fórmula de cálculo de aranceles y eso podría implicar que en algunos casos se sobrepasen los techos máximos, lo que significaría un incumplimiento de compromisos internacionales”, advirtió Legarda.

El 27 de marzo, el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, expresó que “colocar salvaguardias y aranceles no es la solución para la economía del país”. (I)

La intención de elevar aranceles a un grupo de bienes importados fue anunciada por el Gobierno en 2017, pese a las críticas de los empresarios. Foto: Archivo / El Telégrafo

Las empresas públicas rentables permanecerán
El frente económico considera que sin la necesidad de incrementar impuestos se pueden conseguir más ingresos a través de la eficiencia del sector público, el Consejo Sectorial de Infraestructura, el Plan de Perfeccionamiento de las Empresas Públicas, y un seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas.

Con medidas tributarias y aduaneras el objetivo es recaudar $ 1.663 millones que permitirán financiar $ 903 millones de gastos corrientes adicionales al presupuesto inicial.

A través del Consejo Sectorial de Infraestructura y el Plan de Perfeccionamiento de las empresas públicas se generarán unos $1.071 millones que servirán para cubrir otros $ 267,6 millones de gastos corrientes que también fueron adicionales al presupuesto fiscal inicial.   

Incluye a los ministerios de Minería, Telecomunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Hidrocarburos, y a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).   

El programa plantea eliminar 7 de las 22 empresas públicas hasta el año 2020. “Se mantendrán únicamente las que sean rentables”, dijo el presidente Lenín Moreno.  

La EMCO analizó el rendimiento de cada empresa bajo la visión de que deben generar excedentes. “Tienen que contribuir al Presupuesto General del Estado”, anotó Viteri, pero no mencionó cuáles serán eliminadas.

Los ingresos por el Consejo Sectorial en 2019 serán de $ 1.805 millones; en 2020, $ 1.945 millones; y en 2021, $ 1.847 millones. (I)

El Ministerio de Finanzas aportó a TAME cerca de $ 55 millones. El objetivo es reactivar a la empresa y hacerla competitiva frente a otras aerolíneas. Foto: Archivo / El Telégrafo

Más recursos ingresarán por combate al fraude
La ministra de Economía y Finanzas considera que con una mayor eficiencia en la recaudación tributaria y un control más estricto a la evasión de impuestos, a las empresas fantasmas y a las fugas de capitales a los paraísos fiscales, $ 180 millones adicionales ingresarán al Estado en 2018.

También se procederá a agilitar los juicios tributarios pendientes en los cuales $ 4.500 millones están en trámite. En cuanto a la remisión de tributos para quienes tienen pendiente cuentas por pagar con el Servicio de Rentas Internas (SRI, se plantea la condonación del 100% de los intereses, multas y recargos a las micro, pequeñas y medianas empresas, con plazo de hasta dos años, y se hará extensivo a deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

“Con estos beneficios pretendemos que estas empresas tengan la posibilidad de reactivarse”.

Se eliminan cinco de las 130 exenciones tributarias para los sectores con ingresos superiores a $ 100.000 anuales. Estos son: el crédito tributario del impuesto a la salida de divisas; el impuesto al valor agregado (IVA) del 12% para lámparas fluorescentes, seguros y reaseguros; se optimizará el impuesto a la propiedad vehicular, y la exoneración del impuesto ambiental a los vehículos productivos será del 50% en lugar del 100% actual.

Se eliminará el decimotercero y decimocuarto sueldos de las deducciones del pago del impuesto a la renta. Para 2018, el ingreso sería de $ 12 millones y aumentaría a $ 463 millones en 2021. (I)

Se procederá a la revisión de los resultados de todos los instrumentos impositivos existentes. La titular de Finanzas descartó una reforma tributaria. Foto: Archivo / El Telégrafo