Desde el 1 de enero rigen nuevas tarifas máximas en 39 servicios financieros, según la resolución aprobada por la Junta Bancaria (JB) el pasado 18 de diciembre.

Los cobros están en el orden de $2,49 y $ 2,85, por cheques devueltos a nivel nacional y en el extranjero; de $ 0,45 por retiro de cajero automático de otras instituciones bancarias; $ 1,63 por corte impreso de movimientos de cuenta, y $8,93 por transferencias recibidas desde el exterior, entre otras transacciones realizadas en el sistema financiero.

La resolución estará vigente en los primeros 3 meses de 2014, tiempo durante el cual el organismo se reservará el derecho de ajustar tarifas o incorporar nuevos servicios.

De igual manera la JB ratificó la gratuidad de 18 categorías de servicios financieros, incluidos apertura de cuentas y depósitos; administración y mantenimientos de cuentas; consultas y transferencias dentro de la misma entidad; mantenimiento de tarjetas de crédito, reclamos, entre otros.

Al amparo de esta disposición, los usuarios tienen la posibilidad de concretar más de 50 operaciones gratuitamente.

La resolución emitida también detalla las tarifas máximas para el acceso a los planes de recompensas u otros servicios que ofrecen las tarjetas de crédito.

Según la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, el acceso a estos planes por parte de los tarjetahabientes deberá ser voluntario y expreso, y en ningún caso la aceptación de los contratos de apertura de tarjeta de crédito estará condicionada a la aceptación o no del plan de recompensa correspondiente y las prestaciones en el exterior.

Estas tarifas son fijadas anualmente desde la fecha en la que el tarjetahabiente acepta el cobro.

La reglamentación busca garantizar un acceso no discriminatorio de la mayoría de la población a la infraestructura bancaria, en el marco de un trato transparente y equitativo por parte de los proveedores de estos servicios.

La intención de la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) es profundizar la bancarización del país, por lo que los costos no pueden ser un obstáculo para que la población acceda al sistema financiero formal.

Según consta en el documento, la entidad controlará la observancia de las tarifas establecidas y aplicará, de ser el caso, las sanciones que correspondan, sin perjuicio de exigir la restitución de los valores indebidamente cobrados.