Cuatro irregularidades en el manejo de $ 10 millones para la reconstrucción de Manabí encontró la Veeduría Ciudadana, creada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La veeduría analizó la utilización de recursos asignados por el Ministerio de Finanzas a la Secretaría de Gestión de Riesgos  (SGR) a pocos días del terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó Manabí y Esmeraldas.

El dinero debía atender la emergencia. Pero los miembros de la veeduría “presumen” que en los primeros días posteriores al suceso “se realizaron transferencias económicas a funcionarios de la SGR de Manabí”.

Así consta en el Informe Jurídico de la Veeduría Ciudadana para ‘Vigilar y dar seguimiento al uso transparente de los recursos asignados por el Ministerio de Finanzas a la Secretaría de Gestión de Riesgos para atender la emergencia nacional’.

El documento se encuentra en el memorando CPPCS-CGAJ-2018-0012-M, del 8 de enero de 2018, elaborado por la Coordinación General de Asesoría Jurídica del CPCCS con base a las conclusiones y recomendaciones del informe final entregado por la veeduría el 22 de diciembre de 2017; así como en el informe técnico posterior.

Con dificultades para acceder a la información pública y falta de presupuesto, los veedores hallaron inconsistencias por las que sugirió al Consejo emprender indagaciones y acciones que permitan esclarecer si se cometieron actos de corrupción.

El 27 de abril de 2016 Finanzas transfirió $ 10 millones a la SGR con base al Decreto Ejecutivo 1001. De ese monto, la Secretaría aseguró haber ocupado $ 1’126.000.

El 3 y 4 de mayo, el Ministerio disminuyó la asignación inicial $ 8’300.000 y $ 574.000, respectivamente, lo que resultó en una asignación  de $ 1’126.000.

De la asignación codificada, dice el informe, esta institución ha adquirido compromisos por un monto total de $ 1’105.730,41, quedando un saldo disponible para atención de la emergencia de $ 20.269,59.

“¿A dónde fueron a parar estos recursos? ¿Qué motivó para que se retiren parte de la asignación a la SGR por parte del Minfin?”, cuestionan los veedores.

Además se encontraron incrementos injustificados en pagos por alquiler de baterías sanitarias móviles.

Por contratar 203 sanitarios la Secretaría de Gestión de Riesgos desembolsó un total de $ 233.732,80 el 21 de abril de 2016.

Al año siguiente, el 16 de julio de 2017, la entidad alquiló 200 baños, pero esta vez canceló $ 147.373,50. Hay una diferencia de $ 86.359.

Causa incertidumbre porque el alquiler por baño es de $ 1.151,39, mientras que su valor es de $ 736,87. “Nos parece bastante la diferencia por apenas tres unidades”, cuestionó la veeduría.

Adicionalmente, al recorrer las instalaciones de la SGR de Manabí el equipo del CPCCS observó “gran cantidad” de señaléticas para ser ubicadas en las zonas afectadas, “las mismas que no habían sido utilizadas y de las que se desconoce su uso”.

Se gastaron $ 570.000 en la adquisición del material. Para la veeduría el valor es excesivo, “ya que no se justifica como inversión tan necesaria en los momentos de emergencia por los que pasaba la provincia”.

Finalmente, existen inconsistencias con la secuencia de 714 facturas del proveedor de mantenimiento vehicular.

El 2 de mayo de 2016 el proveedor del servicio emitió a la SGR dos papeles, la numeración del primero termina en 267 y la del siguiente en 981.

Acciones

- Recomendaciones. La Coordinación Jurídica recomendó al pleno del Consejo atender las observaciones de los veedores. Las investigaciones deberán ejecutarse a través de la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción. 

- 12 miembros activos fueron veedores. Ellos suscribieron el informe final de la auditoría.

- La Veeduría Ciudadana, creada por el CPCCS, apareció en junio de 2016. El 22 de diciembre de 2017, después de varios aplazamientos, entregó su informe final a la dirección provincial del Consejo. (I)