El ministro de Trabajo, Luis Poveda, explica los alcances de los acuerdos laborales que el Gobierno promueve y asegura que están respaldados legalmente.

Organizaciones sociales sostienen que la reducción de la jornada laboral es ilegal, ¿por qué no es así?

La jornada especial diferenciada para la función ejecutiva, de ocho a seis horas, se aplica de acuerdo con el artículo 25 de la Losep y en medio de la emergencia sanitaria para preservar la salud de los servidores públicos. Es necesario indicar que la reducción de la jornada es de un 25%, pero la remuneración se reduce en un 16,66%.

También se oponen a la Ley Humanitaria…

En el proyecto promueven los acuerdos. Se trata de viabilizar los acuerdos para que se ajusten a la realidad de nuestro país y del mundo entero. Los empleados y empleadores podrán cambiar las condiciones para garantizar la estabilidad laboral, como es la principal preocupación del Presidente de la República. Los acuerdos tienen que lograrse dentro del marco constitucional, respetando los derechos de los trabajadores. El Ministerio supervisa y verifica estos acuerdos.

Para la validez de los acuerdos, los empleadores deben presentar los estados financieros de la empresa, así como utilizar los recursos con total transparencia.

¿Qué pueden negociar los empleados?

Los trabajadores y empleadores siempre tienen que buscar acuerdos sin perjudicar los derechos adquiridos de los trabajadores. Hay opciones mediante acuerdos ministeriales o la reducción de la jornada por acuerdo entre las partes según el artículo 47.1 del Código de Trabajo y el pago se hace en virtud de las horas trabajadas, pero el aporte al IESS se mantiene como antes. Eso es una forma de conservar el trabajo, con una reducción del ingreso, pero con estabilidad y beneficios de ley; cuando pase la emergencia se volverá a la jornada normal.

Pero si no se llega a un acuerdo, el empleador puede terminar el contrato, según el proyecto de ley.

Eso sería despido intempestivo por decisión unilateral del empleador y por eso es condenado al pago de una indemnización y bonificación por desahucio. Lo que trata el Gobierno es evitar a toda costa los despidos intempestivos y por eso damos las herramientas como la Ley de Apoyo Humanitario. El programa de crédito Reactívate Ecuador también es un incentivo.

Se habla de 150.000 despidos durante la emergencia, ¿es esa la cifra actualizada?

La cifra registrada en el Ministerio de Trabajo es de 115.000, pero hay muchos trabajadores que han sido despedidos y que no han tenido acceso a registrar sus denuncias. A medida de que se vuelva a la normalidad, tendremos la cifra precisa. Eso es del sector privado. En el público se han terminado unos 3.000 contratos ocasionales.

¿Por qué no se han detenido los despidos pese a que el Gobierno promueve los acuerdos?

Son situaciones que se escapan del control de las autoridades del Gobierno, pero hemos entregado algunas herramientas para evitar los despidos intempestivos. Los empleadores nos han manifestado es que si está cerrada la industria, no pueden cubrir las remuneraciones y les hemos llamado a la sensibilidad para que no se pierdan tantas plazas de trabajo y ellos han manifestado que una vez que se normalice la situación, ellos van a volver a contratar. Eso lo vamos a dejar en constancia en una acta con el departamento de mediación del Ministerio de Trabajo, reconocido con el Consejo de Judicatura, para que quede respaldado legalmente.

¿Cuántos empleados públicos saldrán próximamente? ¿Pueden las empresas públicas acogerse a la figura de fuerza mayor?

No, estas tienen que acogerse a la terminación que estipula la ley. Las empresas tienen 60 días para su liquidación y por eso aún no tenemos el número de empleados que saldrán ni el monto que se necesitará para su liquidación.

¿Qué se viene en este año para incentivar el empleo?

Tenemos que viabilizar nuevas modalidades de contratación, pensando en las personas que están en la desocupación o en el subempleo con contratos más dinámicos, más expeditos de acuerdo con el mundo en el que vivimos. Eso lo haremos a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. 

Gremios de la educación se movilizarán
Varias organizaciones del sector educativo anunciaron que el jueves 28 de mayo de 2020 realizarán un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito, para pedir que no se dé paso al recorte del presupuesto en educación. En una rueda de presa, Isabel Vargas, presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores, detalló que el Ejecutivo prevé reducir        $ 300 millones a los recursos para educación general y $ 98 millones para educación superior. “Según la Constitución, ni en estado de excepción se puede recortar el presupuesto para educación y salud”, aseguró. 

Roberto Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios y Politécnicos, mencionó que de darse la medida saldrían hasta 3.500 docentes de las universidades “lo que podría bajar la calidad de la educación”.

El Ejecutivo ha asegurado que es necesario reducir el gasto público, priorizar los egresos de las entidades, debido al impacto económico del covid-19. (I) et