En medio de la polémica generada a raíz de que el Gobierno tomó $ 300 millones de la Ley de Solidaridad, el Ministerio de Finanzas comunicó que los valores ya “fueron reintegrados en su totalidad”.

El anuncio se produjo alrededor de las 14:00. Para ese momento la Asamblea Nacional había suspendido la sesión en la que se analizaría el pedido para que el titular de Finanzas, Carlos de la Torre, responda al Pleno del Legislativo por qué dispuso de los recursos asignados a la reconstrucción de Manabí.

Hasta ahora De la Torre no ha explicado el destino de los $ 300 millones. En el asiento  contable de la Ley de Solidaridad el egreso está descrito “por manejo integrado de liquidez”.

La noche del martes el Ministerio publicó en su cuenta de Twitter un video en donde aparece De la Torre asegurando que el movimiento era temporal “y no afecta a la disponibilidad de la totalidad de los recursos existentes en la cuenta específica”.

Dirigiéndose a los habitantes de Manabí, el funcionario aseguró que los fondos públicos están intactos y que el Gobierno se encargará de garantizar la reactivación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016.

Finanzas no especifica en su comunicado cuál es el origen del dinero con el que saldó la transacción de diciembre.

Al cierre de esta edición, la institución no respondió las inquietudes de EL TELÉGRAFO con respecto a la fuente de esos recursos. La operación tampoco estaba contabilizada en el registro de ingresos y egresos de la Ley de Solidaridad.

A septiembre de 2017, las recaudaciones por el terremoto acumulaban $ 2.814 millones (entre fondos de la ley, donaciones, ayudas internaciones y aportes privados), según el Comité para la Reconstrucción y Renovación Productiva.

El secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, dijo a este diario que los $ 300 millones no afectan a la programación presupuestaria.

De la Torre ha sido objeto de fuertes críticas, en especial por sus declaraciones a un medio de comunicación manabita. “No podemos tener recursos ociosos”.

Esto provocó rechazo al interior de la Asamblea. La legisladora por Manabí, Tanlly Vera (CREO-SUMA), fue quien solicitó la presencia del ministro ante el Pleno. No descartó iniciar un proceso de juicio político. (I)