Los terrenos donde la promotora inmobiliaria Salcedo Internacional esperaba levantar la urbanización Costalmar II en 2014 permanecen siendo eso: solo tierra.

La falta de trabajos en los predios ubicados en el kilómetro 19 de la vía a la Costa, en Guayaquil, empezó a preocupar a los clientes a quienes se les había ofrecido sus casas terminadas para el año pasado, y provocó que más de 500 ciudadanos decidieran poner sus quejas en la Defensoría del Pueblo por incumplimiento, según datos de ese organismo.

Carmen Granja fue una de ellos. Junto a su esposo firmó una promesa de compra-venta en 2012 con Salcedo Internacional, para adquirir una vivienda por $ 71.728.

El precio le pareció asequible en esta zona en las afueras de la urbe, sin embargo, no contó con que en el año previsto para la entrega, y luego de terminar de pagar la entrada, de más de $ 15 mil (con cuotas de $ 446), no solo que no le dieran su vivienda, sino que le dijeran que, en vista del tiempo transcurrido, debían hacer un “reajuste”.

La propuesta era pagar $ 150 más por los 12 meses siguientes, algo que dejó de hacer este año, tras colocar su queja en la DPE.

María José Fernández, coordinadora zonal de la Defensoría, aseguró que estas prácticas vulneran el derecho de las personas, teniendo en cuenta que, antes de comprometerse a la compra de una vivienda, estas analizan su capacidad de pago, pero al momento en que se cambian las condiciones puede ocurrir que ya no puedan cumplir. “En dicho caso la misma empresa lleva al cliente a abortar el proyecto”, señaló.

La semana pasada, Granja recuperó la totalidad de su dinero por concepto de entrada ($ 15.128), sin embargo esto no la libró de sospechas.

Con escasas posibilidades de encontrar ahora una casa en el mismo vecindario por un valor similar, recalcó que la inmobiliaria ofreció precios muy bajos desde el inicio. “Una casa no cuesta menos de $ 120.000, y ellos pueden venderlas a nuevos precios”, sostuvo.

Uno de los ejecutivos de Salcedo dijo vía telefónica a EL TELÉGRAFO que el problema que llevó a la inmobiliaria a no entregar en el plazo previsto las viviendas fue únicamente la falta de permisos de construcción. Sin entrar en detalles, descartó que se haya hecho un reajuste de precios.

Pero los documentos de la DPE dicen lo contrario. El año pasado, el aumento de quejas hizo que en noviembre la DPE solicitase medidas cautelares a un juez de garantías.

En ella se pide que la constructora continúe receptando los pagos de 3 de sus clientes por el monto que se pactó originalmente.

De acuerdo con este escrito, Luz y Carlos Zhune Cortez firmaron un contrato de reserva de viviendas por $ 105.618 y $ 96.562, respectivamente, y cuyas entradas debían pagarse hasta octubre de 2016. Sin embargo, para septiembre del año pasado, la empresa se habría negado a recibir las cuotas condicionándolas a un “incremento unilateral del precio”, y que, en caso de no aceptar, se “daría por terminado unilateralmente el contrato”.

Para Fernández fue un logro que el juez analizara la problemática en toda su dimensión, pues, agregó, la DPE no ve estos temas como algo netamente contractual, sino como de derechos.

Control a inmobiliarias

La sombra del incumplimiento de las promotoras no parece retirarse del mercado inmobiliario local. En el caso de Salcedo, según se informó en la DPE, se encuentra en un proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entidad con la competencia para realizar las investigaciones de tipo financiero.

Según Fernández, algunos expedientes han sido enviados también a la Fiscalía por indicios del cometimiento de un delito al incumplir con la entrega de viviendas.

El Intendente de Compañías de Guayaquil, Víctor Anchundia, señaló que la información respecto a esta intervención es reservada, pero recalcó que no es la única inmobiliaria bajo observación, ya que el control en este sector es “constante”.

El funcionario explicó que este proceso busca precautelar el patrimonio de la empresa y corregir irregularidades, mientras continúa funcionando. “La ley no da plazos para este proceso, pero si cumplen en uno o dos meses con lo se requiere se levanta la intervención”, acotó.

Pero más allá de los temas administrativos, para María José Fernández, el incremento de las quejas en la dependencia a su cargo continúa siendo preocupante.

Solo 4 promotoras: Terrabienes, Promaga, Villa Italia y Salcedo Internacional sumaron cerca de 3.000 expedientes entre 2014 y lo que va de 2015. El grueso lo tiene Terrabienes de propiedad del grupo Ortega-Trujillo y que incumplió con la entrega del proyecto Arcos del Río, con 1.456 quejas. Le sigue Promaga, en Durán, con 546.

En el caso de esta última empresa (Promaga), los efectos son mayores y más sensibles, a criterio de la coordinadora zonal del DPE, debido a que una gran cantidad proviene de ecuatorianos que viven en el extranjero.

Jenny Zavala, migrante retornada de Milano-Italia, indicó que entró al plan de vivienda que ofrecía Promaga por un valor de 45 mil euros, para lo cual pagó como ingreso el equivalente al 5% y varias letras en espera de que se le entregue su vivienda, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta de que la situación era crítica y su sueño se convirtió en una pesadilla.

Por su parte, Juri Velásquez, abogado de Promaga, indicó en mayo pasado que el propietario de la empresa Manuel Gavira, de nacionalidad española, invirtió en Ecuador más de $ 10 millones para la construcción de las viviendas en Durán, pero por la intervención y la prohibición de enajenación, se les ha complicado cumplir con la propuesta habitacional.

“Efectivamente, de las mil familias, cuando se hizo el crédito con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, parte de la urbanización se puso en garantía a través de un fideicomiso que se creó para este crédito. Hay más de 168% en garantías en los bienes construidos”, resaltó Velásquez. Si bien estas denuncias, receptadas por las oficinas consulares de Ecuador en países como España, no ingresan en el registro del organismo tutelar de derechos, suman unas 1.000 en los últimos 6 meses.

El artículo 30 de la Constitución ecuatoriana señala que los ecuatorianos tienen derecho al acceso a una vivienda digna.

¿Por qué hay incumplimientos?

Los trámites engorrosos para la obtención de permisos es un inconveniente que más de un constructor ha enfrentado en su quehacer profesional, señaló Enrique Pita, titular de la Cámara de la Construcción de Guayaquil (CCG).

Pita recordó que, en el caso de la propiedad horizontal (departamentos), la norma que exigía a los constructores el 100% de construcción del inmueble para poder incorporarlo a este régimen, causó “muchísimos atrasos e incumplimientos”, pues encerraba al constructor en un círculo vicioso, ya que generaba muchos costos financieros por trámites y búsqueda de créditos.

Señaló que Salcedo Internacional fue uno de los que se vio afectado en el ‘círculo vicioso’. “Tengo que cobrar para poder terminar, pero no puedo cobrar si no tengo la propiedad horizontal...”, señaló.

Esta fue luego reformada por el Gobierno a un 70% de avance de obra, para alivio del sector, aseguró el titular de la CCG.

Desde el lado comercial, admitió que pueden existir casos en que a los constructores les “falla” la estructuración de su proyecto, y en dicho caso las ventas no alcanzaron el punto de equilibrio y no pudieron terminar la construcción. “Se ven entonces envueltos en estos incumplimientos”, señaló.

Para el dirigente gremial, la pregunta más importante sería cómo se puede proteger el cliente de un contratista que le exige que pague al día, pero no ofrece ningún beneficio en caso de incumplimiento, tras la firma de un contrato.

“Allí es donde digo que las personas deben asesorarse legalmente para efectos de que así como me imponen sanciones si no cumplo con mis pagos, yo también podría pedir que se me reconozca algún valor o tenga un beneficio. Esto debe ser un beneficio de doble vía”, aseguró Pita. (I)

A tres inversionistas locales

Terrabienes cedió derechos de proyecto

Según informó el procurador judicial de los afectados de la inmobiliaria Terrabienes, Rafael Candell, el gerente de la compañía Jorge O.T. cedió los derechos del proyecto Arcos del Río a 3 inversionistas locales.
Con esto, los cerca de 1.500 clientes perjudicados tendrían la opción de acceder a su casa o a la devolución de su dinero casi 6 meses después de que el escándalo se desatara.

Los nombres de las empresas, con quien se negoció durante 3 meses, se mantendrán por el momento en reserva, dijo Candell. Se conoció extraoficialmente que son 3 instituciones financieras.

Tras este acuerdo, los clientes también podrán recibir un terreno urbanizado, aunque en cualquier caso deberán esperar a la formación de un fideicomiso que administre el proyecto ubicado en el Km. 1.7 de la autopista Terminal Terrestre - Pascuales.

Candell destacó el apoyo recibido por las autoridades de control para hallar una solución rápida en este caso que hizo que al menos 1.400 personas colocasen quejas en la Defensoría del Pueblo (DPE).

El macroproyecto Arcos del Río agrupa 3 etapas para viviendas: Veranda del Río, Olivos del Río y Ceibos del Río e incluye un centro comercial que quedó a medio construir. En marzo un juez inició instrucción fiscal en contra de O.T., por un presunto delito de estafa. 

El grupo empresarial Ortega Trujillo, abierto en la década de los setenta y que se mueve en los sectores automotriz, inmobiliario, de salud y comercio, enfrenta un proceso judicial a pedido de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por problemas financieros. (I)