La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) registró una rentabilidad de $ 221 millones en 2016, es decir el 20% de crecimiento en relación al año pasado.  

Este logro fue presentado por Enrique Arosemena, gerente de la CNT, durante la rendición de cuentas de la entidad. También se indicó que actualmente 903 mil hogares cuentan con internet fijo; 365 mil tienen televisión por suscripción; 1,54 millones  accedieron a servicios móviles de telefonía e internet, mientras que 2.09 millones de hogares disponen de servicios de telefonía fija.

La evolución de tarifas y velocidades en el plan básico de internet banda ancha en 2007 era de 128 kbps y su costo de $ 39.90; en 2016, en cambio, fue de 3Mbps y su costo de $ 18, es decir, 24 veces se incrementó la velocidad y hubo una reducción de más de la mitad del costo.

Arosemena destacó la operación de dos centros integrados de servicios conocidos como data centers.

Estos se ubican en Quito y Guayaquil y ofrecen servicios de almacenamiento y procesamiento de datos. Los data centers ofrecen la oportunidad de hacer alianzas público-privadas a empresas que requieran dichos beneficios.

En 2016, CNT también concretó  una alianza estratégica con Microsoft y se puso en marcha el plan CNT 365, mediante el cual los clientes de la corporación pueden acceder a un tera de almacenamiento en la nube, con lo que tienen la posibilidad de acceder a información desde cualquier dispositivo y acceso a programas como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher y Outlook.

Al preguntarle a Arosemena sobre el estado de venta de la agencia, dispuesta por el Ejecutivo el año pasado, contestó que “está en stand-by”, sin dar más detalles al respecto. (I)

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App preventiva fue premiada por Alemania

CNT recibió un reconocimiento internacional por parte de la Cooperación Alemana, GIZ, por el desarrollo de la  aplicación móvil ‘JUNT@S CNT’ para la prevención de la violencia de género.

Para impulsar el uso de esta herramienta tecnológica se suscribió un convenio con la Fiscalía General del Estado, que socializa su uso entre fiscales, lideresas de organizaciones de género y autoridades locales. Este es uno de los proyectos de su programa de responsabilidad social. (I)