La tasa de servicio de control aduanero (TSCA) llegó a su fin después de siete meses de aplicación. El gobierno ecuatoriano decidió retirar por completo el cobro a todas las importaciones.

La determinación del régimen obedece a la última disposición de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en la que ratifica la eliminación del rubro.

Mediante la resolución 2007, del 6 de junio, la Secretaría General de la CAN declaró “infundado” el recurso de reconsideración que Ecuador presentó el 6 de mayo para mantener activa la medida, en respuesta a la resolución 1999 (del 20 de abril) donde el ente calificó a la tasa como un gravamen (impuesto) e instruyó su retiro en un lapso de 10 días.

Ecuador argumentó que “causaría un perjuicio irreparable o de difícil reparación” y quitaría importantes instrumentos al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). La CAN, a través de la resolución 2002, del 8 de mayo, suspendió temporalmente el retiro y fijó 30 días para dar un fallo definitivo.

Finalmente, la Secretaría General confirmó su disposición inicial, pues determinó que el cobro de la tasa “no corresponde a un servicio efectivamente prestado al importador, puesto que se ha evidenciado que el control aduanero no es una actividad directa y únicamente vinculada a las operaciones de importación”.

Aunque Ecuador aún puede apelar ante el Tribunal Andino, el gobierno no emprenderá nuevos recursos, aseguró Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior e Inversiones (MCEI).

Si bien la resolución 2007 atañe únicamente a los países miembros de la CAN (Colombia, Perú y Bolivia), Campana aclaró que la tasa será desmantelada de inmediato y dejará de cobrarse a todas las importaciones, sin excepción.

El Ministro advirtió que los reparos a la tasa no eran exclusivos de la Comunidad Andina sino que también inquietaban a la Unión Europea (UE) y a Estados Unidos.

A sus ojos, no cumplió con los objetivos de combatir el contrabando y la subvaloración de mercancías.

La TSCA fue implementada en noviembre de 2017 por el Senae y consistía en el cobro de una unidad de control de $ 0,10. Hasta mayo se recaudaron $ 28 millones.

Campana dijo desconocer el uso y destino de esos recursos. Los importadores afectados reclaman la devolución de esos valores, pero el Ministro no dio certezas de que eso vaya a ocurrir.

La noticia fue recibida con satisfacción por los gremios empresariales.

Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), y Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), coincidieron en que la TSCA era una traba al comercio internacional y constituía un “impuesto camuflado”.

El 18 de mayo la Corte Nacional de Justicia (CNJ) falló a favor del gobierno en la demanda de ilegalidad interpuesta por los gremios. (I)

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Ingreso de camarón a Brasil está en disputa
Ecuador recurrirá a normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para apelar el fallo de la Corte Suprema de Brasil que en días pasados acogió el pedido de productores locales y suspendió temporalmente el ingreso del camarón ecuatoriano a ese país.

La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucía Antunes, frenó las importaciones del producto hasta que el Ministerio de Agricultura analice eventuales riesgos sanitarios.

A Ecuador le tomó veinte años ingresar al mercado brasileño.

Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior e Inversiones, informó que junto a la Cámara de Acuacultura se contrató un buró jurídico internacional. (I)