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Comisión aprueba informe sobre Proforma Presupuestaria 2018

El informe fue aprobado con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención.
El informe fue aprobado con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Cortesía / Asamblea
17 de noviembre de 2017 - 15:26 -

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó este viernes, el informe de la Proforma Presupuestaria 2018 y su Programación Cuatrianual 2018-2021, que asciende a $ 34.818,13 millones, monto que representa una reducción de 5,34 % respecto a la proforma del año anterior.  La deuda pública consolidada se ubica en el 28,8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe fue aprobado con 10 votos a favor; uno en contra, por parte de Mae Montaño (CREO), y una abstención, por Henry Kronfle (Partido Social Cristiano). Irá al Pleno para su conocimiento y votación. 

 La deuda pública consolidada se ubica en el 28,8 % del Producto Interno Bruto.

Además, se considera un precio de exportación de crudo de $ 41,92, superior en 23 centavos respecto al estimado para el año. La producción se estima de 196,5 millones de barriles, de los cuales 139,5 serían exportados. 

Las asignaciones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en la Proforma alcanzan $ 3.517 millones, que incluye el 21 % de ingresos permanentes y el 10 % de no permanentes. Este monto también comprende los recursos que corresponden a los GAD por las transferencias de nuevas competencias y por el cumplimiento de las Leyes No. 010 y 047, relativos a la participación en las rentas por explotación e industrialización de recursos naturales no renovables.

También prevé el incremento progresivo de 0,5 % para educación inicial, básica y bachillerato, así como para el Sistema Nacional de Salud. También las preasignaciones previstas para educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Esta asignación asciende a $ 993,8 millones.

También se asignan alrededor de $ 7.198 millones para políticas de igualdad a favor de la niñez y adolescencia, equidad de género, discapacidades, adultos mayores y jóvenes.

Recomendaciones

La Comisión en su informe recomienda que las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado (PGE) registren y utilicen los catálogos y clasificadores presupuestarios, especialmente el orientador del gasto en políticas de igualdad y ambiente, así como el funcional y el geográfico.

También solicita al Ministerio de Economía y Finanzas active los mecanismos de capacitación, monitoreo y seguimiento para el uso de los clasificadores presupuestarios, orientados a visibilizar los avances en la reducción de brechas sociales en todas las instituciones del PGE.

Igualmente, que el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) aseguren los recursos suficientes para ejecutar el Plan Nacional para Erradicar la Violencia hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres. 

Así mismo, recomienda que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo de Educación Superior, la Senplades y el Ministerio de Finanzas elaboren un plan de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica, y definan un esquema para la utilización de los recursos asociados con la devolución del IVA y renta para las universidades.

Al Ministerio del Trabajo, en coordinación con la Senplades y el Ministerio de Economía y Finanzas, se le pide que elabore una nueva programación para el pago de la totalidad de los haberes pendientes por incentivo a la jubilación de los servidores públicos y que informe a esta comisión los plazos y montos que se pagarán en los siguientes años, garantizando que los montos asignados sean al menos iguales a los dispuestos en el año 2017.

El Ministerio de Finanzas y el Banco Central deberán realizar un monitoreo permanente del comportamiento de la balanza comercial, a fin de asegurar la consecución de las previsiones macroeconómicas establecidas en la Programación Cuatrianual 2017-2020, favorecer el fortalecimiento de la dolarización y el desempeño de la producción nacional.

Además, la comisión observa la necesidad del pago a la deuda que tiene el Estado con el IESS, entre otros puntos. (I)

 

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