Mientras que Ramiro Crespo respalda las conclusiones de la auditoría efectuada a los Cetes, Ramiro Aguilar sostiene que el Contralor sataniza la herramienta financiera.

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Ramiro Crespo, presidente ejecutivo de Analytica. Foto: John Guevara / El Telégrafo

Ramiro Crespo es uno de los once integrantes de la Veeduría Ciudadana que acompañó el examen especial de la deuda pública y que ahora también siguen otras auditorías relacionadas al manejo de los recursos públicos.

A sus ojos, las conclusiones a las que llegó la Contraloría en el examen realizado a los Certificados de Tesorería (Cetes) evidencian que el anterior gobierno “utilizó muchos mecanismos, como el Decreto 1218, para buscar una manera de exceder el límite de endeudamiento del 40% frente al PIB”.

¿Cuáles fueron las señales que motivaron el examen?
El monto, que no estaba claro. Los Cetes no estaban considerados como deuda pública y como tal no podían ser secretos, pero lo eran. Si hay secreto significa que es deuda y, por tanto, tenía que ser reportada. Parecía que había un volumen muy alto para cubrir necesidades a corto plazo.

¿Cuál es el inconveniente en haber entregado los Cetes como dación de pago?
Se puede emitir un Cete y ese dinero usarlo para pagar a quien se adeuda, porque tal vez el desembolso de los fondos que se esperaba no llegó. No se debía entregar un Cete, en lugar de eso se podía haber entregado bonos del Estado. Pero uno de los problemas con los bonos es que el mercado de deuda doméstica está tan mal estructurado que se venden con dificultad.

¿Qué otras alternativas había?
La opción de gastar menos. Hacer obras bien planificadas, no absurdos como la Refinería del Pacífico (que tiene) esa explanada que costó $ 1.500 millones o el aeropuerto de Tena que se cerró a los pocos años. Presupuestar menos, básicamente gastar de acuerdo al dinero que tenía.

¿Por qué los Cetes no son considerados deuda pública?
Algunos miembros de la Veeduría no los consideran porque son de corto plazo. Creo que sí deben ser porque deuda pública es todo lo que se debe pagar.

Independientemente que se considere o no como deuda, debe estar siempre reportado y ser transparente, porque no puede ser que se oculte el monto de los Cetes.

Vivíamos un ambiente en que se gastaba demás y se mantenía todo en secreto con el objetivo de que el pueblo no tuviera claro de cuál era la situación del país.

¿Cuál es el problema con la renovación automática?
Tienen que ser pagados y luego emitir uno nuevo. Si no se pagan es porque hay falta de liquidez. (Con la renovación) deja de ser un instrumento de corto plazo y se vuelve de largo plazo, además que no se lo reporta como deuda, cuando en realidad, sí lo es.

No cumplen con su propósito de recibir liquidez temporal, porque el momento que se renuevan los Cetes con Cetes ya no se   recibe nueva liquidez. Eso demuestra que los papeles anteriores tal vez se contrataron incluso pensando que no se iban a pagar sino a renovar.

¿Se configuró un marco jurídico para hacer que este tipo de transacciones sean legales?
Todo se lo hizo con la apariencia de legalidad. Nadie duda de la capacidad jurídica de la Presidencia (...) entonces se hizo todo este tipo de estructura que realmente iba contra el principio fundamental de los certificados.

¿Qué pasará cuando el actual Gobierno quiera usar los Cetes?
(La auditoría) no le paraliza al Gobierno los Cetes. Puede usar para lo que la ley dice (...) no como lo hizo su antecesor.

¿Los Cetes no están mal sino la forma cómo fueron usados?
Como todo. Por ejemplo, a un cuchillo se lo puede usar para cortar carne, queso, fruta o también se lo puede usar como arma letal. El problema no es el cuchillo, sino cómo se lo usa. (I)

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Ramiro Aguilar, exasambleísta independiente. Foto: Archivo / El Telégrafo

Ramiro Aguilar fue asambleísta nacional en el período 2013-2016 y un severo crítico del correísmo, especialmente en el manejo económico. Al referirse al informe de la Contraloría advierte que contiene conclusiones e interpretaciones erróneas sobre el uso de los certificados.

¿Cuál es su lectura del informe?
Es intromisivo, carente de conocimiento, de un contralor que quiere protagonismo político y que evidentemente quiere ajustar cuentas a como dé lugar. La emisión de los certificados -que son instrumentos financieros para obtener liquidez inmediata por parte del Estado- es facultad del Ejecutivo porque una de sus obligaciones es mantener la estabilidad monetaria.

¿Por qué los Cetes no se contabilizan como deuda?
Porque son obligaciones a corto plazo. Si bien son obligaciones de pago, dice la ley, no se consideran como deuda pública porque eso requiere de otro procedimiento, pasar por el Comité de Deuda, etc.

Si no son deuda pública, ¿por qué algunas operaciones eran reservadas?
Cuando se dicta el Código Orgánico Monetario y Financiero se establece que las resoluciones de la Junta de Política Monetaria y Financiera son reservadas. Y siguen siendo reservadas porque no se ha modificado la ley. Sobra decir que yo voté en contra de esa ley.

La declaratoria de reserva es parte de la arquitectura normativa del correísmo que sigue en vigencia. Eso no significa que se robó la plata de los Cetes. (Contraloría) puede, por último, decir que no hubo transparencia en el acceso a la información pública, pero contablemente los Cetes están registrados en el informe de ejecución presupuestaria que llega a la Asamblea Nacional, se sabe exactamente cuántos Cetes se emitieron y quiénes fueron los beneficiarios.

Contraloría concluye que no debieron usarse como dación de pago...
Los certificados de Tesorería buscan conservar la liquidez. Una economía dolarizada depende de los dólares que entran al país, cuando no los tengo no puedo imprimir billetes. Lo que tengo que hacer es conservar los dólares que poseo en efectivo, que es mi liquidez, y una forma son estas obligaciones atendidas con certificados.  

¿Podía el Gobierno haber vendido los Cetes?
No, porque son a plazo y se requiere liquidez inmediata. Si sale a vender va a tener un descuento. Todos los Cetes que se negociaron en bolsa se vendieron con descuento, por eso es que el Gobierno busca conservar el valor nominal.

¿Cuál es su opinión con respecto a la renovación automática?
Como todo instrumento financiero tienen un plazo de vigencia, cuando termina usted puede renovarlo como una póliza de un banco. No tengo dos pólizas, tengo una que es la vigente y la otra se extinguió. Igual es con los Cetes, tengo un certificado, que es el renovado, no dos. La Contraloría duplica el capital.

¿Entonces no hubo abuso?
Puede que haya habido abuso en otros aspectos, pero en ese, no. Es un mecanismo que debe conservar el Gobierno porque en los mismos problemas puede caer (el presidente) Lenin Moreno. El Contralor (Pablo Celi) acaba de satanizar de una manera absurda una herramienta financiera que en un momento determinado puede salvar a Ecuador de una crisis.

¿Sus observaciones son en respaldo al expresidente?
No. Mis objeciones son de carácter económico, no implican adhesión al correísmo. Cuando fui asambleísta fui de los primeros que le hizo notar al país el exceso del gasto y la no contabilización de la deuda. (I)