El Banco Central del Ecuador (BCE) está avanzando en la elaboración de un proyecto de  reforma legal que permitirá atender los casos mayoritarios de los “deudores de buena fe” de la banca cerrada, según Juan Carlos Cassinelli, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.  

En este contexto, precisó que el viernes anterior se reunió en Guayaquil con el Superintendente de Bancos y Seguros (SBS), Pedro Solines, quien le ratificó que el BCE  trabaja en un  proceso de sistematización para  conocer los casos, las tasas de interés, los plazos, entre otros aspectos vinculados con este tema.

Además, informó que hoy se comunicará con las autoridades del BCE para averiguar el avance del proyecto de ley, y que de acuerdo a esto  se  definirá  un nuevo encuentro con ellos en los próximos días, a fin de conocer y analizar este documento.

El asambleísta manifestó que tras conocer que al interior del BCE se están revisando los casos de los “deudores de buena fe” de la banca cerrada, sugirió al titular de la entidad financiera, Diego Martínez, que se haga una revisión de los mismos, por segmentos.

“Es decir, que vean cuales de esos clientes por ejemplo, son deudores que quisieron adquirir su primera casa y que con esa plata que adquirieron iban a pagarla, pero no lo pudieron hacer; o que se revise cuántos de esos deudores estuvieron prestando dinero para capital de trabajo”, explicó.

Agregó que este planteamiento permite obtener una diferenciación muy importante para “sacar los porcentajes de los segmentos  que están involucrados en eso, e ir solucionándolo paulatinamente”.

Aproximadamente dos mil millones de dólares es el monto que deben los “deudores de buena fe”, de acuerdo a la SBS.

Cassinelli resaltó que en  el análisis original  que  presentó este organismo de control  se hablaba de más de 15.000 “deudores de buena fe”, y que ahora esa cantidad se está sistematizando. “Sin embargo,  no dudo de que sean decenas de miles de ciudadanos porque implica también a sus familias”, subrayó.

Aclaró además que “no hemos perdido contacto con las personas afectadas, que cada vez se multiplican más  y nos hacen llegar sus casos a la Comisión de Desarrollo Económico”.

A finales de junio, el presidente Rafael Correa se  reunió con los representantes de los “deudores de buena fe” y con las  autoridades involucradas en este proceso.  

Pedro Solines, titular de la SBS, expresó que en esta reunión se decidió  que el BCE sea  la institución  que arbitre los mecanismos necesarios para solucionar los problemas. “Nosotros como SBS, que somos reguladores y supervisores de esta entidad, estamos haciendo un seguimiento para que la misma cumpla con ese compromiso”, dijo.

Roberto Parra Guzmán, vocero de los “deudores de buena fe”, informó que el BCE está llevando a cabo  reuniones continuas con ellos a fin de conocer caso por caso.

Dijo que ellos están entregando información, que en algunos casos no aparece, como pagos que se hicieron y que no consta en la documentación que tiene el BCE.

De su lado Jorge Sotomayor, quien forma parte de este grupo, manifestó que una de las cosas que no conocen hasta el momento, son los parámetros bajo los cuales se está realizando la revisión de cada situación. “Creemos que la revisión no debe realizarse  a partir de la fecha en que el BCE recibió la cartera de parte de la banca cerrada, sino  desde antes, cuando ésta administraba dicha cartera, que es la época en que ellos estaban activos”, puntualizó.

Los “deudores de buena fe” son aquellas personas que solicitaron créditos a la banca privada cuando aún estaba en operaciones, pero, al quebrar los bancos, esos valores quedaron pendientes por cobrarse, lo cual acumuló altos intereses.

En el caso de la  familia Sotomayor, ésta  fue perjudicada por el Filanbanco por la aplicación del anatocismo, lo que  hizo que la deuda que adquirieron con esta entidad, que originalmente fue de 350.000 dólares, hoy, según registros del BCE, esté en alrededor de cuatro millones y medio de dólares.

El anatocismo es la acción de cobrar intereses sobre los intereses de mora derivados del no pago de un préstamo.

Sotomayor indicó que ellos aspiran a que se condonen los intereses extra y se establezcan montos reales de endeudamiento, además de créditos a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN) para pagar las deudas justas de acuerdo a su realidad.

Feriado bancario

Entre 1998 y 1999, durante la presidencia de Jamil Mahuad, se registró la mayor crisis financiera de la historia del Ecuador, cuando más de veinte bancos quebraron o fueron a manos del Estado por un grave problema de liquidez.

Por esta razón, el 8 de marzo de 1999, el primer mandatario de aquella época decretó un feriado bancario y el congelamiento de depósitos de los ciudadanos.

Durante ese período, el salvataje bancario le costó al Estado cerca  de 8.000 millones de dólares.

Esta  crisis comprometió la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) y congeló los depósitos de más de un millón de personas, entre ellos jubilados, que depositaron los recursos de sus cesantías  en los bancos para ganar intereses, pero lo perdieron todo. Además, esto provocó que millones de ecuatorianos migren a otros países para mejorar su situación económica, y enviar remesas a Ecuador.