Uno de los pedidos más recurrentes del sector empresarial en materia tributaria finalmente fue atendido. A partir de 2019 quedará sin efecto el cálculo del impuesto mínimo del anticipo al impuesto a la renta.

Es una de las 14 medidas para la reactivación productiva dentro del programa económico. Tendrá un impacto de $ 140 millones.
Surtirá efecto sobre los ingresos generados en 2019 y que serían cancelados en 2020. Es decir, en lo correspondiente a 2018, y que se pagará en 2019, todavía aplica el anticipo.

Para efectivizar esta y otras medidas el Gobierno alista un proyecto de ley económica urgente, con reformas a otros cuerpos legales.

Su entrega a la Asamblea Nacional está prevista para finales de abril, indicó Andrés Mideros, secretario general de la Presidencia, en una entrevista televisiva. El Legislativo tendrá 30 días para el análisis.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, el anticipo lo pagan las sociedades, personas naturales, organizaciones de la economía popular y solidaria que cumplan las condiciones de las microempresas, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

En la Ley de Reactivación Económica, vigente desde diciembre de 2017, se estableció que para el cálculo del anticipo los contribuyentes obligados a llevar contabilidad no considerarán costos y gastos, sueldos y salarios, sobresueldos (décimotercera y décimocuarta remuneración) ni los aportes patronales a la Seguridad Social.

La norma, fuertemente criticada, dio paso a la devolución cuando la actividad económica se haya visto “significativamente afectada” y siempre que supere el impuesto causado.

Pero si el Servicio de Rentas Internas (SRI) halla indicios de defraudación se impondrá un recargo de 200% sobre el monto devuelto.

Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE), explicó que este elemento es discrecional porque no tiene  parámetros claros para determinar si hay defraudación.

El dirigente señaló que el anticipo perjudica la liquidez de los negocios, en especial de los más pequeños, y constituye un impuesto mínimo que no es devuelto.

Según un estudio de la CCE, las pequeñas empresas terminan pagando una tarifa incluso superior al 45%, cuando la tasa normal es de 22%. (I)