Con la visita del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, ha quedado claro para el pueblo que no acepta más intervencionismo ni actitudes prepotentes. Que no va más una política de sometimiento y que las relaciones internacionales deben ser abiertas y transparentes, con todos los países del mundo, sobre la base del respeto a los principios de no intervención en los asuntos internos; autodeterminación de los pueblos y solución pacífica a los conflictos entre los países.
Más allá del tema económico comercial, que no fue de su prioridad, en medio de expectativas, planteó el aislamiento de Venezuela; frente a lo cual, más allá de sus problemas, que todos conocemos, el presidente Moreno declaró que es el pueblo venezolano el que debe resolver sus problemas; haciendo votos para que se lo haga pacíficamente.
Queda claro que se mantendrán normales las relaciones con la patria del Libertador Simón Bolívar, a pesar de la exhortación de Pence, en supuesta defensa de la “democracia”, de aislarla, como antes a Cuba, y de su clara afirmación: “No es el momento de palabras”.
Los temas militares-policiales de “seguridad” se concentraron en la oferta de entrega de una migaja de $ 7 millones, lo que puede tener el riesgo de vincularnos a las políticas en la región, que antes nos obligó a ceder la base militar de Manta, lo que ahora la Constitución prohíbe.
El tema del narcotráfico, suculento negocio que involucra por décadas a importantes sectores del poder colombiano, no puede ser abordado con profundidad; para ello, EE.UU. debe reconocer que su gran mercado, junto al de la Unión Europea, son el principal estímulo y desde allí el problema del narcoterrorismo.
Con motivo de esta visita que incluyó a Brasil, Virgilio Neto, digno alcalde de Manaos, frente a una declaración de Pence, expresó: “No trate de enseñarnos a ser solidarios. Los mexicanos pueden hablar del tratamiento que su país les da”, a propósito de los miles de niños mexicanos y latinoamericanos enjaulados, los muros y el trato perverso a los migrantes.
Se espera que atienda el pedido del Gobierno, de extradición de 44 ecuatorianos implicados en diversos actos de corrupción. (O)
