La demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia es una reivindicación histórica y legal. Representa la sostenida aspiración de todo un pueblo por tener una salida soberana al mar y utilizarla para potenciar su desarrollo nacional. Es, pues, una causa nacional que merece el mayor respeto y respaldo, especialmente de parte de aquellos países que, como el Ecuador, también han sufrido despojos territoriales y han sentido el terrible trauma de una mutilación de su espacio vital.
Pero el asunto debe ir más allá de la justicia y la moral, para alcanzar un inevitable horizonte de pragmatismo. Es conocido el hecho de que no hay, por parte de la población chilena, ningún entusiasmo en reconocer deudas históricas y menos en entregar un corredor marítimo a Bolivia.
En cuanto al Estado chileno, la verdad es que sus últimos gobernantes democráticos no han estado a la altura de las circunstancias y ni siquiera se han atrevido a replantear la fórmula Bánzer–Pinochet. Cuando más, el presidente Ricardo Lagos conversó con su colega boliviano Jorge Quiroga para negociar la provisión de gas boliviano a Chile y Michelle Bachelet acordó con Evo Morales una agenda que incluía el tema, pero que no alcanzó resultados.
Hallo que en América Latina estamos pagando las consecuencias de una educación y una historia patrioteras, que nos enseñaron a sobajar y despreciar al vecino antes que a buscar una convivencia fraternal. Y en el caso de los países que ganaron guerras a sus próximos, siguen pensando que ‘la guerra es la ley suprema de las naciones’ y que lo que tomaron por la fuerza es sagrado, irreversible y eterno.
Son esas visiones las que nos han impedido resolver de buena manera nuestros conflictos fronterizos y han vuelto inevitable la recurrencia a la Corte Internacional de La Haya, que varios países han identificado como su única posibilidad pacífica de alcanzar justicia.
La resolución tomada por la Corte en la demanda planteada por Nicaragua contra Colombia se ha resuelto con un laudo equitativo a favor del país demandante, pero que requiere una aplicación consensuada. Y similar ha sido la resolución dictada en el caso de Perú contra Chile, por la definición de su límite marítimo.
En el futuro próximo quizá tengamos un laudo que obligue a Chile a negociar en firme con Bolivia el asunto de una salida soberana al mar. Tal como están las cosas, ese laudo puede ser la única salida para solucionar tan largo conflicto y empujar a las partes a entrar en una ruta de aproximación, que les lleve a compartir esfuerzos de desarrollo en el actual norte de Chile, donde gas boliviano y capital chileno pueden aunarse en beneficio de esa región atrasada y golpeada por los desastres naturales, que merece un futuro mejor.
