Llamar a sus adversarios ‘’plagas que envenenan la sangre de nuestro país’’ y que deben ser erradicadas en alusión a los inmigrantes, es una postura ridícula de un candidato presidencial de los Estados Unidos. Alentar a disparar contra los ladrones e insinuar que el expresidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, merecía ser ejecutado por traición, es un peligro.
Ahora que busca postularse una vez más a la presidencia, al tiempo que enfrenta cuatro procesos penales, Donald Trump luce más desesperado, enfadado y peligroso para la democracia estadounidense. Lleva décadas glorificando la violencia política.
Aterra la promesa de Trump de querer utilizar el Departamento de Justicia para vengarse de sus adversarios, considerado como un desafío a los valores democráticos, además de pretender buscar expandir las facultades presidenciales para concentrar una mayor autoridad del poder ejecutivo en la Casa Blanca, acabar con la independencia de las agencias creadas por el Congreso y reducir las protecciones a la función pública para facilitar el despido y contratación de decenas de miles de empleados gubernamentales.
Un segundo mandato de Trump sería distinto no tanto por su carácter sino por su entorno. Todas las fuerzas que en cierto modo contuvieron sus tendencias autócratas en su primera presidencia, hoy serían más débiles.
Los planes de Trump de deportar a millones de personas al año, expulsar a inmigrantes que se encuentran en el país de manera irregular, incluyen redadas masivas ,poner fin al asilo, acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los bebés nacidos en suelo estadounidense de padres que viven en el país de forma ilegal.
Ningún otro presidente estadounidense había contemplado la posibilidad de retirarse de la OTAN, la alianza militar de Estados Unidos con las democracias occidentales. Trump dijo que reevaluaría a fondo “el propósito y la misión de la OTAN” en un segundo mandato.
Los casos contra el ex presidente Donald Trump rompen el tabú y sientan un nuevo precedente. Por más de doscientos años, los mandatarios estadounidenses estuvieron protegidos de las acusaciones. Estaban en un pedestal —incluso los que han sido afectados por los escándalos— mientras ocupaban el cargo tuvieron inmunidad para ser enjuiciados; lo mismo ocurre cuando abandonan la presidencia.
Por primera vez en la historia de ese país, un expresidente ha sido acusado de cargos penales. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2016, cruzó líneas inviolables generando eventos inimaginables que conmocionaron al mundo. Las acusaciones- justificadas o no, cruzan una línea en la política y la historia legal. A pesar de todo el enfoque del caso, su novedosa teoría legal o su impacto político, es que este país transita en un camino que nunca antes había recorrido, uno lleno de profundas consecuencias para el estado de la democracia más antigua del mundo.
La historia refleja qué en 1920, Eugene V. Debs, el líder socialista, dirigió su quinta candidatura a la Casa Blanca desde prisión, donde cumplía condena por su oposición a la Primera Guerra Mundial. Recibió 919.799 votos, o el 3,4 por ciento de los emitidos.
En el país de los cincuenta estados, Teapot Dome, Watergate, Irán-contra y Whitewater, nunca pusieron a un presidente en el banquillo. El único presidente en funciones que vio el interior de una estación de policía como acusado fue Ulysses S. Grant, quien fue detenido por conducir a alta velocidad por las calles de Washington en su carruaje tirado por caballos. Pagó 20 dólares y siguió su camino.
Al menos un par de otros presidentes estaban preocupados por ser acusados después de dejar el cargo. Richard M. Nixon fue indultado por su sucesor, Gerald R. Ford, un mes después de renunciar, ahorrándole cualquier enjuiciamiento en el escándalo de Watergate. El historiador y biógrafo de Ford, Norton Smith, sostiene que el presidente lo hizo para’’ llevar al país más allá de Watergate mientras enfrentaba desafíos como la inflación, los últimos vestigios de la Guerra de Vietnam y un profundo cinismo de la opinión pública’’.
Bill Clinton llegó a un acuerdo con los fiscales de Whitewater en su último día completo en el cargo en el que admitió haber brindado falso testimonio bajo juramento sobre su relación con Mónica S. Lewinsky; renunció a su licencia de abogado por cinco años y pagó una multa de 25,000 dólares a cambio de no enfrentar cargos como ciudadano privado.
Otros líderes de naciones democráticas condenados en los últimos años incluyen a los expresidentes Jacques Chirac (malversación de fondos) y Nicolas Sarkozy (tráfico de influencias) en Francia, la expresidenta Park Geun-hye (corrupción) en Corea del Sur y el expresidente Chen Shui-bian (soborno) en Taiwán.
En Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, que recuperó algo de poder como parte de una coalición de gobierno y que falleció hace poco, enfrentó 35 procesos judiciales penales durante su larga carrera, aunque solo una vez fue condenado por fraude fiscal y condenado a un año de servicio comunitario. Temprano que tarde, hay un costo por cruzar líneas inviolables.
