Después del terremoto que destruyó Manabí y parte de Esmeraldas, hubo una gran movilización de la población para ayudar a los damnificados. El Gobierno, para financiar la reconstrucción, envío a la Asamblea el proyecto de ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana que establece temporalmente el aumento del IVA; la aportación de un día de sueldo; impuesto de 0,9% al patrimonio y de 3% a utilidades repartidas. Las medidas provocarán varios impactos y afectará a la población, a empleados de ingresos altos y los que tienen patrimonios elevados.
Sin un fondo de ahorro, un déficit fiscal de 4% y deuda cerca del límite legal, el Gobierno buscó la forma más rápida y sencilla de obtener recursos para la reconstrucción. El incremento, por un año, del IVA de 2%, generará, según el SRI, dos tercios de la contribución. Si bien el 90% de los bienes de la canasta básica no está gravado con IVA, los artículos procesados de esta si lo pagan (productos de aseo personal, ropa, etc.) y si le agregamos los aumentos de impuestos a colas, cervezas, cigarrillos y telefonía de empresas creados por la ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas, habrá algún aumento del valor de la canasta básica, menor demanda de estos bienes y aumento, en cierto grado, de inflación. Con esta medida, buena parte de la población, termina contribuyendo a la reconstrucción.
La aportación de un día de sueldo, al mes, de los empleados será para los que ganan $ 1.000 hasta $ 5.000 o más, de manera escalonada por cada millar de sueldo, hasta llegar a los $ 5.000 o más que contribuirán por 5 meses. Con esta medida, los empleados y directivos, privados y públicos, verán disminuidos sus ingresos en 3,3% por mes. Se excluye de esta medida a quienes ganen el salario mínimo y menos de $ 1.000.
Los que tienen un patrimonio (activos-pasivos) mayor que $ 1 millón pagarán 0,9% de este. O sea, los más ricos también pagarán una contribución solidaria de $ 9 mil por cada millón de patrimonio que posean.
La contribución del 3%, a las utilidades repartidas, la pagarán accionistas o empleados. Así, si un accionista o trabajador recibió $ 1.000 de utilidades aportará $ 30 por cada millar recibido. Con la ley de Justicia Laboral, las utilidades a repartir por trabajador no podrán ser mayores a 24 salarios básicos ($ 8.784), en cuyo caso pagarían $ 263,52.
Estarán exentos de todas estas contribuciones las empresas, empleados y trabajadores que estén localizadas o trabajen en las zonas afectadas por el terremoto.
El primer paso es la reconstrucción que va a ir acompañada de la reactivación económica de la zona, para lo cual el Gobierno formó una comisión con participación del sector privado. Además de estos ingresos, el Gobierno acude a créditos contingentes y del FMI. Todos vamos a terminar pagando la reconstrucción pero también el Estado debe ajustarse reduciendo su tamaño y gastos no prioritarios. La solidaridad será obligatoria. El sismo generará migración, los shocks externos contracción económica que será agravada por el sismo que se atenuará por la reconstrucción y reactivación. (O)
