Transcurría el año 1871. La dictadura de García Moreno cometía toda clase de abusos, especialmente con los indígenas. Regía la Constitución de 1869, que establecía un Estado teocrático.
Juan Montalvo -gran escritor y apasionado patriota- escribió en aquellos tiempos: “García Moreno dividió al pueblo ecuatoriano en tres partes iguales: la una la dedicó a la muerte, la otra al destierro, la última a la servidumbre”. La ausencia de libertades facilitaba la explotación a los indígenas, con un abusivo sistema de impuestos y tributos que se recaudaban para la Iglesia y el Estado. En este contexto histórico, la cárcel, la tortura, el exilio y los fusilamientos acechaban a quienes protestaban contra el dictador. Sin embargo, a pesar de la cruel represión, el pueblo no cesaba el combate contra el régimen conservador que representaba al oscurantismo medieval.
En agosto de 1869 García Moreno promulgó un decreto según el cual los indios debían trabajar gratuitamente dos veces por semana; es decir, 104 días al año en la construcción de carreteras. En 1871 se construyeron 250 kilómetros y 90 puentes. El Gobierno no pagó un solo centavo a los sacrificados indígenas. La obra vial se hizo con el sacrificio, el sudor y las lágrimas de los pueblos originarios. Además, debían pagar los ‘diezmos’. Esta era la contribución más repudiada, porque se prestaba para toda clase de abusos por parte de los ‘recaudadores’, quienes -en poco tiempo- amasaban grandes fortunas. Si los indios no podían pagar los impuestos, diezmos y demás inventos de la oligarquía enquistada en el poder, el denominado ‘Concertaje’ los convertía en esclavos. Mediante este oprobioso sistema, pasaban a ser propiedad de los terratenientes que los explotaban de por vida.
La sublevación de 1871 tiene un lugar especial en nuestra historia. Desde Yaruquíes los indios marcharon hacia el pueblo de Cacha en donde ejecutaron a Rudesindo Rivera, recaudador de impuestos. En las operaciones militares dirigidas por Daquilema participaron miles de indígenas, quienes eran acompañados por las ‘huarmis’ que se encargaban de la alimentación y de la atención a los heridos. Se destacan nombres como Cecilia Buñay, Cecilia Bansuy. En el terreno militar, brilló Manuela León por su valentía y capacidad organizadora.
García Moreno envió al ejército para la represión. Se declaró el estado de sitio en la provincia de Chimborazo; se formaron tribunales militares y se ordenó tomar cualquier medida para eliminar no solo a los insurrectos, sino a la población indígena en general. La represión fue brutal. Daquilema y sus principales colaboradores decidieron entregarse con el objetivo de que se detenga la masacre. El 27 de diciembre de 1871 son tomados prisioneros; no obstante, la sangrienta represión continúa. El 23 de marzo de 1872 un tribunal militar determinó la pena de muerte para Daquilema.
Lo sacaron de la cárcel de Riobamba y lo condujeron hasta Yaruquíes en donde fue fusilado. Líder firme y valeroso, creyó profundamente en la justicia de su lucha. Veinte y tres años después los indígenas dieron un respaldo decisivo a los ejércitos comandados por Eloy Alfaro, para consolidar el triunfo de la Revolución Liberal. A José Morocho, Alejo Saes y Manuel Guamán, el presidente Alfaro, en reconocimiento a sus méritos, los nombró generales. Fueron los primeros generales indígenas quienes -junto a los bravos campesinos costeños- habían derrotado a sus opresores históricos. Daquilema no había muerto en vano. (O)
