La corrupción política ha sido definida como el uso ilegal o ilícito de una posición de poder político con el fin de proporcionar ventajas particulares a individuos o grupos. Para contrarrestar la corrupción se ha probado que un mecanismo eficaz constituye la transparencia sobre los asuntos públicos y el establecimiento de dispositivos de control y penas para sancionar las prácticas corruptas. En general este afán de enriquecimiento y de obtener ventajas indebidas encontraría asidero en fallas del Estado de derecho, que posibilitan que aquello ocurra, es decir una cierta laxitud en las leyes. También la permanencia prolongada en los cargos puede contribuir a institucionalizar la corrupción.
Para algunos estudiosos de la corrupción, esta es una práctica rutinaria y normal tanto en democracias como en sistemas autoritarios. Las informaciones que a diario recibimos de regímenes diversos de distintas partes del mundo dan cuenta de ello. Prácticas corruptas como compra del voto, malversación de fondos y nepotismo han sido históricamente pan de cada de día, aquí y fuera.
El caso de la denuncia sobre los supuestos lingotes de oro ocultos en el equipaje de una exvicealcaldesa constituye una burda forma de acercarnos a la corrupción, que lamentablemente no se ha podido desterrar. Afortunadamente la Fiscalía ha iniciado indagación al respecto. También ha generado suspicacias el millonario contrato concedido a la agencia McSquared conformada por ecuatorianos residentes en New York, a quienes se habría encargado llevar adelante una campaña internacional “con el fin de contrarrestar las fuerzas internacionales que quieren destruir la creciente imagen de liderazgo mundial del presidente Correa y aislar al país de la comunidad internacional”.
Según fuentes periodísticas internacionales rezaría así el contrato. Si esto se refiere a la campaña contra Chevron fueron más o menos evidentes las estrategias desarrolladas para enfrentar a la nefasta empresa transnacional. La resistencia a transparentar la información sobre este contrato vulnera el principio de transparencia que ha garantizado nuestro Estado de derecho y la propia institucionalidad conformada recientemente. La creación de la Secretaría de Transparencia al inicio de este proceso político fue la manifestación institucional de cómo este proyecto expresaba el malestar de las y los ecuatorianos acerca de las consabidas prácticas corruptas de la partidocracia. Al inicio fueron puestos al frente de esta entidad funcionarios con reconocida trayectoria y transparencia. No obstante, hoy, este reducido perfil a nivel de una Subsecretaría podría evidenciar una retirada de estas causas fundamentales.
La lucha contra la corrupción se trata de desincentivarla institucionalmente. Esto se lo hace incrementando la transparencia y reduciendo la brecha informativa entre gobernantes y gobernados, y, por tanto, ampliando la capacidad de la sociedad de controlar más eficazmente a los políticos y funcionarios públicos. Mientras tanto, las suspicacias generadas por los lingotes de oro y los contratos millonarios de relaciones públicas solo minan el capital político de la confianza ciudadana.
