Los países del sur parecemos condenados a seguir dependiendo de los recursos naturales. La visión economicista del desarrollo contribuye a esto, pues impide visualizar los conflictos sociales y ambientales que genera este tipo de ‘estrategia’ sostenida en las exportaciones de materias primas y alimentos.
Esta estrategia, llamada a satisfacer la necesidad energética de los países ricos, saturados de energía fósil, provoca severos impactos: crecientes conflictos políticos en todo el planeta, calentamiento global, acelerada reducción de la biodiversidad. De otro lado, el perpetuo dilema: los países del sur requerimos recursos para lograr solventar acuciantes necesidades sociales, y resulta inviable cerrar de la noche a la mañana la llave extractiva.
Un informe de la organización Global Witness muestra que en los últimos años no ha dejado de crecer el número de muertos en defensa de la naturaleza. Son campesinos, pescadores, en general gente pobre que defiende la naturaleza porque la necesita para vivir.
Es difícil conseguir fuentes de información, pero 908 muertos (y muertas) en los últimos diez años, con sus nombres y las circunstancias de sus muertes, es impresionante. Eran defensores de la naturaleza en conflictos mineros y contra el acaparamiento de tierras, u opositores a ciertas obras de infraestructura.
En forma simultánea, pero sin relación con el informe anterior, con repercusión en la prensa mundial, se ha lanzado el Atlas de Justicia Ambiental, producto de un consorcio de investigación centrado en el ICTA (L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este clasifica unos mil conflictos ambientales (relacionados con la minería, la energía nuclear, la gestión de residuos y agua, biodiversidad). Los datos, como todo lo que consta en dominio público, están sujetos a su revisión, validación e interpretación.
Así como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica estadísticas de conflictos laborales, algún organismo internacional debería informar el número, los tipos y las repercusiones políticas, sociales, ambientales y económicas de los conflictos ambientales. De tal forma, se puede lograr un avance de la ecología política basada en evidencias, y no sustentada en elementos especulativos.
En el mundo, no existe país libre de conflictos políticos ambientales. Para solo citar un caso, en Suecia los samis viven amenazados por la extracción de hierro. Se trata de un problema global que necesita un foro mundial específico, pero articulado a los principios de justicia social, ambiental y económica.
Todas estas estadísticas, abiertas al debate y escrutinio público, cimientan la necesidad de construir una relación más armoniosa entre el ser humano con la naturaleza, así como la urgencia de cambiar un orden internacional injusto y desigual. Es una tarea imposible si no se enfrenta con coordinación. La unión hace la fuerza.
